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¿QUÉ ES LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO?
La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo creado por la Constitución de 1993. Su misión es proteger los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

La titular de la institución es la Defensora del Pueblo, quien la representa y la dirige. Para ser elegida requiere como mínimo el voto favorable de dos terceras partes del Congreso de la República. Su mandato dura cinco años. Goza de inviolabilidad, no responde civil ni penalmente por las recomendaciones, los reparos y, en general, por las opiniones que emita en el ejercicio de sus funciones. Además, puede actuar con total independencia en el cumplimiento de éstas. Se rige por la Constitución y su Ley Orgánica.

La Defensoría del Pueblo no desempeña funciones de juez o fiscal ni sustituye a autoridad alguna. No dicta sentencias, no impone multas ni sanciones. En consecuencia, sus opiniones o manifestaciones de voluntad no constituyen actos administrativos ni jurisdiccionales con efectos coercitivos. El cumplimiento de sus recomendaciones y sugerencias se basa en la persuasión, con la cual se busca crear conciencia en los poderes públicos respecto de que su actuación debe sujetarse a la legalidad y al respeto de los derechos de los ciudadanos.

DEFENSOR DEL PUEBLO (e)

Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es funcionario de carrera de la Defensoría del Pueblo desde hace más de 14 años.

Ha realizado estudios de Maestría en Paz y Desarrollo en la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz de la Universidad Jaume I de España, así como estudios de Maestría en Derecho Penal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

También ha realizado diversos cursos de especialización en materia de derechos humanos, y ha seguido el Curso internacional de Administración Pública en la especialidad de Lucha contra la corrupción en la Escuela Nacional de Administración (ENA) de la República Francesa.

 

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FACULTADES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

De acuerdo la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ley N° 26520, el Defensor del Pueblo tiene ciertas atribuciones que le permiten cumplir con su función, entre las cuales se destacan las siguientes:

Investigar
De acuerdo a esta atribución, la Defensoría del Pueblo puede iniciar y proseguir investigaciones, ya sea por iniciativa propia o a solicitud de cualquier persona interesada, con la finalidad de esclarecer los hechos o situaciones que, generados por la administración estatal o sus agentes ?incluyendo a las personas jurídicas no estatales que ejerzan prerrogativas públicas y que presten servicios públicos?, pudieran estar afectando sus derechos. Además se investigan, con carácter prioritario, temas de alcance general que afecten a un número significativo de personas.

Elaborar informes sobre temas de especial trascendencia
La Defensoría del Pueblo elabora informes sobre temas de su competencia, denominados informes defensoriales y, además, anualmente presenta un Informe al Congreso de la República sobre la gestión realizada.

Intervenir en procesos constitucionales
Con el fin de defender los derechos humanos y el principio de supremacía constitucional, la Defensora del Pueblo está facultada para intervenir en los procesos constitucionales de amparo, hábeas corpus, hábeas data, acción de inconstitucionalidad, acción popular y acción de cumplimiento. Su intervención puede efectuarse mediante diversas modalidades. Así, puede iniciar procesos constitucionales, intervenir en procesos en trámite como coadyuvante o presentando escritos como el amicus curiae y puede presentar informes u opiniones a solicitud de las partes o del Tribunal Constitucional.

Promover procedimientos administrativos
La Defensora del Pueblo puede iniciar cualquier procedimiento administrativo, o participar en éste por iniciativa propia o a pedido de terceros, utilizando el criterio de discrecionalidad, en representación de una o varias personas, para la defensa de los derechos fundamentales y constitucionales.

Ejercer iniciativa legislativa
La Defensora del Pueblo puede hacer uso de esta facultad mediante la presentación de proyectos de ley ante el Congreso de la República.

Promover la firma, ratificación, adhesión y difusión de tratados internacionales sobre derechos humanos
La Defensora del Pueblo está facultada para promover la firma, ratificación, adhesión y efectiva difusión de los tratados internacionales sobre derechos humanos, con el fin de asegurar su aplicación. Además, promueve que la legislación y las prácticas nacionales se adecúen a lo previsto en los tratados suscritos por el Perú.

Emitir pronunciamientos institucionales
En cumplimiento de su misión de protección y representación de las personas, y en ejercicio de su rol persuasivo y de mediación, la Defensoría del Pueblo podrá emitir pronunciamientos sobre temas de interés general cada vez que lo considere necesario. Estos pronunciamientos están dirigidos fundamentalmente a la opinión pública y a la sociedad en su conjunto para llamar la atención sobre hechos que ponen en riesgo la vigencia de los derechos de las personas y la institucionalidad democrática.

Dictar reglamentos, normas y políticas de funcionamiento institucional
Esta atribución faculta a la Defensora del Pueblo a adoptar las normas y reglamentos que considere más adecuados para su organización, funcionamiento y, además, para determinar las políticas institucionales que orienten las acciones de sus funcionarios.

¿CUÁLES SON LOS ASUNTOS QUE LE COMPETEN?

Defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad
Se le encomienda la protección de los derechos que constituyen atributos y facultades inherentes a la persona humana, tales como el derecho a la vida, al sufragio, a la integridad, a la dignidad, a la paz, a la libertad de expresión y pensamiento, a gozar de un medio ambiente sano, al respeto a su cultura, a la educación gratuita por parte del Estado, a la libertad de consciencia y religión, a la igualdad ante la ley, entre otros.

Supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal
La Defensoría del Pueblo vela por que las autoridades y funcionarios de las diversas instituciones del Estado cumplan con sus responsabilidades y atiendan debidamente a la población.

La supervisión se hace siempre desde la perspectiva del sometimiento de la administración estatal a la Constitución y a las leyes. Para ello, cuenta con la posibilidad de requerir la información necesaria –para realizar sus investigaciones– a todas las autoridades, funcionarios y servidores de los organismos públicos, los que tienen el deber de cooperar.

Supervisar la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía
La Defensora del Pueblo también supervisa la adecuada prestación de los servicios públicos, tales como energía eléctrica, agua, telefonía y transporte. En estos casos no interesa si los servicios son brindados por una institución pública o privada.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

MARCO LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

CAPITULO XI

DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Artículo 161°.- La Defensoría del Pueblo es autónoma. Los órganos públicos están obligados a colaborar con la Defensoría del Pueblo cuando ésta lo requiere. Leer más.

LEY ORGÁNICA

Ley Nº 26520.Publicada el 08.08.95

I.- PRINCIPIOS GENERALES
Funciones

Artículo 1°.- A la Defensoría del Pueblo cuyo titular es el Defensor del Pueblo le corresponde defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública y la prestación de los servicios públicos.
Ver más.

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