Advertimos inacción del MTC para mejorar condiciones de seguridad en las concesiones viales
Con motivo del accidente de tránsito ocurrido esta madrugada en el kilómetro 109 de la Carretera Central, en Casapalca, provincia de Huarochirí, la Defensoría del Pueblo recordó que en enero de este año recomendó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la revisión y renegociación de todos los contratos de concesión vial, a fin de exigir la colocación de barandas de protección y la disposición de medidas concretas de infraestructura vial que protejan la vida de las personas que circulan por las carreteras.
Sólo en el ámbito de la concesión administrada por Deviandes, donde ocurrió el accidente de esta madrugada, han fallecido 201 personas entre los años 2012 y 2017 y se han producido 1 817 heridos, producto de 6 365 accidentes de tránsito en el mismo periodo. La zona en la que se produjo la caída del vehículo carece de barreras metálicas de seguridad.
Luego de ocurrido el accidente en Pasamayo que dejó más de 36 fallecidos, el referido Ministerio se comprometió a realizar las acciones necesarias para renegociar con las concesionarias los contratos de concesión para mejorar las condiciones de seguridad vial. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido y a los requerimientos de información realizados en los meses de marzo y setiembre, la entidad aún no ha reportado el desarrollo de acciones concretas en esta materia.
Adicionalmente, mediante el Informe Defensorial N° 178 “La gestión de riesgos en las concesiones viales: Lecciones del fenómeno El Niño Costero”, la Defensoría del Pueblo advirtió la necesidad de renegociar los contratos de concesión de las redes viales nacionales, a fin de incorporar cláusulas para la implementación de mecanismos para el control de la velocidad y el cumplimiento de las exigencias del Manual de Seguridad Vial.
Los contratos de concesión de infraestructura vial tienen una vigencia que va de los 15 a los 25 años, tiempo en el cual deben implementarse medidas urgentes para evitar el incremento de accidentes y perjuicios incalculables en términos de pérdidas de vidas humanas, incremento de personas con discapacidad, pérdidas anuales del PBI a nivel nacional y otras consecuencias sociales y económicas, para ello el Ministerio de Transportes y Comunicaciones debe adoptar medidas reales que ayuden a mejorar la seguridad vial.