25 años del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales

25 años del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales


El 8 de setiembre de 1990 fue publicado el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Decreto Legislativo N° 613. Han transcurrido 25 años. Se promulgó en medio de un contexto muy difícil. El Perú vivía una de las peores crisis de su historia.

La nueva norma tenía como origen legal la Ley N° 25238 dictada en junio de 1990. Esta creó la Comisión Revisora del Proyecto de Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, la que debía revisar –en un plazo de 90 días– el proyecto que había elaborado una comisión redactora que había sido designada por el Poder Ejecutivo. La Ley N° 25238 facultó al Poder Ejecutivo para que, mediante Decreto Legislativo, promulgara la propuesta. La Comisión Revisora, conformada por tres senadores, tres diputados y tres técnicos nombrados por el Poder Ejecutivo, cumplió con el encargo.

En el plano internacional se vivía un período inédito para la agenda ambiental. La llamada “Cumbre de la Tierra” estaba en pleno proceso de preparación. La cita ocurriría en 1992, en Río de Janeiro. En 1987, la Comisión de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo” había publicado su informe denominado “Nuestro Futuro Común”. Este introdujo el concepto –hoy ampliamente difundido– del desarrollo sostenible. Esto tuvo un importante impacto en América Latina. Por ejemplo, la Constitución Colombiana de 1991 –actualmente en vigor – fue bautizada como la constitución “verde” o “ecológica” por las disposiciones ambientales de avanzada que introdujo.

Es por ello que el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales no era tanto una sistematización de instituciones y prácticas ya existentes –como las áreas naturales protegidas–, sino un auténtico programa de reforma institucional. En tal sentido, introdujo un conjunto de derechos, políticas e instrumentos de gestión que siguen siendo centrales para la política ambiental actual.

Algunos de ellos se institucionalizaron y siguen siendo objeto de discusiones sobre sus límites y opciones de mejoras. Es el caso del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, la Evaluación de Impacto Ambiental, la conservación de la diversidad biológica, o el uso del derecho penal para la sanción de determinadas conductas dañinas para los bienes ambientales. Otras han tenido un desarrollo aún incipiente, como ha ocurrido con el ordenamiento y la planificación ambiental territorial.

Sin embargo, en 1991, las presiones de distintos actores económicos lograron la derogación de algunas disposiciones de la norma –por ejemplo, la que establecía la obligación de contar con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la autoridad competente. Casi la totalidad de las disposiciones derogadas serían luego reintroducidas por otras leyes. Finalmente, hace casi 10 años, el código fue reemplazado por la vigente Ley General del Ambiente.

La Defensoría del Pueblo inició su trabajo en el marco del Código del Medio Ambiente. Durante sus casi 19 años de existencia, ha promovido que el programa de reforma institucional que propuso para el país se concretara. Ese proceso aún no culmina. Es evidente que la institucionalidad ambiental sigue siendo limitada e incluso débil en varios campos. No obstante, hoy nadie duda sobre la necesidad de contar con ella. El proceso de incorporación a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), nos llevará a revisar nuestra política ambiental, y constituirá una nueva oportunidad para hacerla más eficiente y eficaz.

Iván Lanegra

Adjuntía del Medio Ambiente Servicios Públicos y Pueblos Indígenas

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