La crítica incisiva no puede ser sancionada como falta

La crítica incisiva no puede ser sancionada como falta


Por: Omar Sar Suarez, Adjunto para asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo

La libertad de expresión supone la posibilidad de expresar y difundir libremente el pensamiento, las ideas y opiniones mediante la palabra, por medio de un escrito o de cualquier otra forma impresa o electrónica. Este derecho incluye como parte de su contenido esencial la potestad de manifestar las propias opiniones sin censura ni interferencias injustificadas.

Diversos órganos jurisdiccionales han sostenido que la libertad de expresar las propias opiniones no solo constituye un derecho subjetivo —y, por tanto, un bien en sí misma—, sino que también es esencial para el desarrollo de un debate social robusto que comprenda el conjunto de las opiniones sin silenciar a ninguna persona o grupo.

Naturalmente que este derecho tiene límites como el que se deriva del necesario respeto por el honor de las demás personas, pero corresponde advertir que las críticas cubiertas por la libertad de expresión pueden ser ácidas, febriles o incómodas. De hecho la crítica está destinada a no agradar.

Por otra parte, corresponde poner de relieve que cuando una persona asume un cargo público debe tener en cuenta que el umbral de protección del derecho al honor se reduce en virtud de la necesidad de que exista un intercambio fluido de ideas sobre los asuntos que conciernen a toda la comunidad y que su gestión puede ser puesta en entredicho con ilustraciones, términos o frases altisonantes o sarcásticas.

De acuerdo con el Informe 0007-2017-AAC de la Adjuntía para los Asuntos constitucionales solo escapan del ámbito de la libertad de expresión “… aquellas frases que no tengan una finalidad comunicativa” y que se orientan exclusivamente a descalificar a otra persona menoscabando su dignidad.

Dicho estudio concluyó que un Juez no puede ser sancionado por criticar la gestión de una autoridad o las resoluciones que ésta hubiera emitido, ni aun cuando se expresara en términos mordaces o provocativos, siempre que no se haya llegado al insulto.

Por cierto que en el caso de los jueces existen límites propios de su función como los que se derivan de la prohibición de opinar sobre expedientes en trámite, procesos reservados o informaciones clasificadas como secretas o confidenciales.

En todo caso, el espíritu de este derecho se plasma en una frase atribuida a Voltaire, aquella en la que señala: “Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”.

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