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“Municipalidad de Lima podría aplicar cláusula de rescate para solucionar problema de peajes”

3:13 pm 22/05/2019

A la luz de los problemas registrados con los proyectos viales de la capital, el defensor del Pueblo Walter Gutiérrez, señaló que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), podría aplicar la cláusula de rescate o llamada también cláusula exorbitante, que está contemplada en los contratos de concesión, para que el Estado, de ser necesario, resuelva los contratos y recupere la gestión de las obras en beneficio de la ciudadanía. Precisó que está de por medio la defensa del derecho ciudadano al libre tránsito, tanto para movilizarse a sus actividades laborales como a actividades de cualquier otra índole, vinculadas a la salud, educación, esparcimiento u otros.

Dijo que se requiere implementar una infraestructura idónea, que beneficie a los usuarios por su calidad en el servicio, que cuente con vías alternas que permitan la transitabilidad en tiempos razonables para quienes pueden pagar un peaje y también para aquellos que no lo pueden hacer; y brinde peajes justos, basados en la transparencia que se sustenta en el bienestar de las personas.

Consideró que la MML, debe liderar la modificación de los estándares contractuales impuestos por empresas como Odebrecht y OAS, que usaron la corrupción para favorecerse ilegalmente e influir en las decisiones de funcionarios y autoridades; perjudicando los intereses ciudadanos.

Ante la grave situación –subrayó- es necesario que la MML invoque y sustente la afectación al interés público para analizar la posibilidad de activar la aplicación de la “cláusula de rescate o exorbitante”, de tal manera que pueda iniciarse un cambio significativo en las condiciones contractuales existentes a la fecha.

El Defensor del Pueblo expresó sus dudas respecto del cumplimiento del principio de “debida diligencia” de las empresas que adquirieron los derechos sobre los proyectos viales Línea Amarilla y Vías Nuevas de Lima. “Es hora que dichas empresas demuestren que actuaron de buena fe y que están dispuestas a respetar los derechos de las personas que se sienten afectadas por una serie de cláusulas en las que se dejó de lado el interés público”, anotó.

Finalmente Gutiérrez recordó que la Defensoría del Pueblo, viene exigiendo la transparencia de los modelos económicos financieros de los contratos desde el 2017 en que presentó un proyecto de ley para que se derogue la confidencialidad de estos. En ese sentido insistió en que el Parlamento y el Ejecutivo lo aprueben y promulguen por el interés ciudadano.

“Han pasado más de 800 días desde que presentamos esta iniciativa legislativa para derogar la confidencialidad, establecida desde el año 2014”, subrayó el representante de la Defensoría del Pueblo, quien invocó la mayor transparencia a los contratos suscritos por el Estado.   

Nota de Prensa N° 144/OCII/DP/2019