Defensor del Pueblo plantea a presidente Vizcarra y alcalde Muñoz profundizar lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas
“Por más esfuerzos que se hagan, no logramos revertir la creciente violencia contra las mujeres. Este 2018 estamos cerrando con las cifras más alarmantes de feminicidios en el Perú, 147 mujeres asesinadas”, señaló el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho al tiempo de explicar que la violencia contra las mujeres es una problemática estructural que requiere atención prioritaria a todo nivel de gobierno.
De inmediato Gutiérrez Camacho planteó al Presidente de la República Martín Vizcarra, que se realice un GORE excepcional cuyo eje temático aborde el combate de la violencia contras las mujeres en todas sus manifestaciones. “De 25 regiones, 24, excepto Lima Provincias, han creado las instancias regionales de concertación para la lucha contra la violencia hacia la mujer. Sin embargo, ninguna tiene un funcionamiento orgánico”, sostuvo.
El Defensor del Pueblo se dirigió también al flamante alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien ha expresado su compromiso de trabajar por los derechos de la mujer, planteándole que lidere la Instancia Metropolitana de Concertación para la prevención, sanción y erradicación de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
Los alcaldes provinciales y distritales deben crear y liderar las instancias de coordinación entre los gobiernos locales del país. “Solo 80 de las 183 municipalidades provinciales supervisadas por la Defensoría del Pueblo cuentan con éstas instancias de coordinación, y a nivel distrital la cifra es mínima” dijo.
“Por estas razones la Defensoría del Pueblo se compromete a brindar a cada gobierno regional, provincial y distrital un plan mínimo de acción para luchar contra la violencia hacia las mujeres y a supervisar su cumplimiento en el marco de sus competencias”, anunció el titular de la Defensoría.
Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo ha propuesto declarar el 2019: Año por la Igualdad y la No Violencia contra Niñas y Mujeres.
En relación a las insistentes versiones sobre un posible retiro de los actuales fiscales a cargo del caso Lava Jato, aclaró que la Constitución establece el principio de inamovilidad de los jueces y fiscales sin distinción. Según explicó, la Fiscalía es la titular de la persecución del delito y por ello, no se puede cambiar inmotivadamente a magistrados de sus funciones. El artículo 146° garantiza la inamovilidad sin su consentimiento. El 158° asegura la independencia, la continuidad de la persecución del delito y evita prolongar las investigaciones que afecta a los litigantes, explicó el Defensor del Pueblo
En otro momento, destacó la importancia de la constitución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y recalcó que los integrantes de la comisión especial que se encargará de elegirlos y que él lidera, están trabajando “precisamente hoy nos reuniremos en la sede de la Defensoría del Pueblo a fin de analizar diferentes temas como la paridad y participación femenina en este grupo de trabajo”, finalizó.