Mayoría de municipios piuranos no cuenta con directivas para sancionar acoso sexual dentro del trabajo

• Defensoría del Pueblo dio a conocer lista de distritos que carecen de instrumentos para prevenir violencia familiar y acoso callejero

Solo 19 gobiernos locales de los 65 que conforman la región Piura han emitido directivas para sancionar el hostigamiento sexual laboral conforme a la ley N° 27942. Así informó esta mañana el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en dicha región, César Orrego, quien señaló también que existen 14 municipios que hasta el momento no han creado instancias para sancionar la violencia contra los integrantes del grupo familiar; y 37 que no sancionan el acoso sexual en espacios públicos.

“Si bien han avanzado en cuanto a la implementación de las normas, todavía hay municipalidades que se muestran renuentes a realizar acciones para prevenir, sancionar y proteger a las víctimas de violencia”, señaló en conferencia de prensa Orrego, quien a su vez precisó que las normas no son recientes, por lo que se evidencia la falta de interés y prioridad que los municipios le están imprimiendo al ámbito de la violencia contra las mujeres.

Según se dio a conocer, en la lista de distritos que no han implementado ninguna de las tres normas figuran Ignacio Escudero y Lancones, en Sullana; así como El Alto y Lobitos, en Talara. Huancabamba, San Miguel de El Faique, Sóndor y Sondorillo son los distritos de la provincia de Huancabamba que no sancionan ningún tipo de violencia hacia las mujeres; mientras que Salitral y Santo Domingo, en Morropón, carecen de dichas normas y la misma situación se evidencia en los distritos de Chulucanas y Lagunas, en Ayabaca.

En lo referido a la implementación de medidas para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual en el ámbito laboral, el representante de la Defensoría del Pueblo informó que los distritos de Piura han avanzado en un 60%, mientras que los de Sullana y Talara en un 38% y 33%, respectivamente. Otras provincias como Paita, Huancabamba, Morropón y Ayabaca muestran avances superiores al 20% pero que no llegan al 30%, mientras que en Sechura, el número de distritos que adoptó medidas para frenar ese tipo de conductas se incrementó en un 17%.

El funcionario declaró que hace 16 meses, la Defensoría del Pueblo encontró un nivel de avance muy bajo en la regulación municipal de protección, prevención y erradicación de la violencia en la región Piura, pero después de constantes recomendaciones se ha mejorado, faltando aún mucho trabajo por realizar.

Orrego se pronunció así tras dar a conocer algunas cifras que reflejan la violencia que se ejerce contra las mujeres en la región Piura, según las cuales el porcentaje de la población femenina que sufrió algún tipo de violencia de parte de su pareja durante el 2018, fue del 67,4% en esa zona del país. De otro lado, informó que la cifra de situaciones de violencia atendidas en lo que va de este año por los Centros Emergencia Mujer (CEM) de la región constituye más del 50% de la registrada el año pasado, con más de 2400 casos hasta el momento.

En ese sentido, hizo un llamado a los gobiernos provinciales y locales a regular a través de directivas o reglamentos internos las políticas y los procedimientos de prevención y sanción del hostigamiento sexual en sus jurisdicciones, a fin de reducir los altos índices de violencia.

“Es importante avanzar en la ejecución de estas normas, teniendo en cuenta que la ley 30364 precisa el rol preventivo que deben cumplir los gobiernos regionales y locales, mientras que las leyes 30314 y 27942 establecen también obligaciones claras para los casos de acoso callejero y hostigamiento sexual laboral que, de ser cumplidas, serían de gran ayuda para prevenir el aumento de casos de violencia contra las mujeres en nuestra región”, precisó.