Pedimos al Estado a proteger a defensores de derechos humanos en asuntos ambientales
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el asesinato de defensores ambientales en nuestro territorio nacional. A inicios de este año, se produjo la muerte de Wilbelder Vegas Torres, presidente del Frente de Defensa de la comunidad campesina San Sebastián de Suyo (Piura), quien se oponía a la minería ilegal. El último 2 de abril, se reportó el fallecimiento del ambientalista de nacionalidad británica, Paul McAuley, en el distrito de Belén (Loreto).
Si bien ambas muertes son materia de investigación por parte del Ministerio Público, demandamos del Estado medidas para proteger a quienes asumen el compromiso de defender los derechos humanos en asuntos ambientales. El Perú ha sido clasificado por Global Witness como uno de los países más peligrosos para emprender una defensa del medio ambiente en América Latina. Dicho organismo da cuenta que en nuestro país se produjo la muerte de 22 líderes ambientales entre los años 2015 y 2017.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo sostiene la urgente necesidad de que el Perú cuente con un marco jurídico e institucional que identifique y brinde una especial protección a la vida y a la integridad personal de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, amenazados permanentemente en el ejercicio de su labor. Además, recordó que se mantiene pendiente la aprobación del Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos en el Perú, por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Además, se requiere que el Poder Ejecutivo priorice las acciones destinadas a que lograr la ratificación de Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), suscrito por el Perú el pasado el 27 de septiembre de 2018, dado que su carácter vinculante reforzará el compromiso del Estado con la protección de los defensores ambientales.
Como se recuerda, este acuerdo obliga al Estado a garantizar un entorno seguro y propicio para que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Por este motivo, la Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio de Relaciones Exteriores priorizar las acciones destinadas a remitir la documentación correspondiente al Congreso de la República, a fin de lograr el perfeccionamiento interno de dicho acuerdo.