Planteamos revisión de contratos de peajes y ley para transparencia de informes económico-financieros
Frente a la actual situación de las concesiones viales conocidas como “Línea Amarilla” y “Rutas de Lima”, la Defensoría del Pueblo recuerda que se ha pronunciado desde el año 2017, sobre el costo de la tarifa de los peajes y su legitimidad, así como sobre el cobro del peaje electrónico; haciendo propuestas y exigiendo a las autoridades la realización de revisiones, renegociaciones y reformas legislativas en favor de los derechos ciudadanos.
La Defensoría del Pueblo destaca que su intervención está orientada a cautelar el derecho al libre tránsito, el cual no se reduce solo a movilizarse, sino que hace viable otros derechos como al trabajo, salud, educación, entre otros, impactando en el crecimiento económico de la ciudad y en la calidad de vida de sus habitantes.
Todo ello, no sólo implica una adecuada gestión de las concesiones, sino también la habilitación de vías alternas que respeten estándares socialmente aceptables. Los peajes siempre deben contar con vías alternas de calidad que aseguren un tiempo razonable para el desplazamiento.
Las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, que son de público conocimiento, han revelado la entrega de dinero a autoridades y funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que en el año 2013, habrían comprometido contractualmente los peajes de la ciudad, por 40 y 30 años respectivamente.
En tal contexto, la Defensoría del Pueblo plantea a la Municipalidad Metropolitana de Lima, proceder a la inmediata revisión de los contratos relacionados con los peajes, para esclarecer si estos y las adendas celebradas, cuentan con el debido sustento económico financiero, tanto para evitar la generación de beneficios económicos indebidos de parte de las empresas, como para sustentar la razonabilidad de las medidas acordadas contractualmente por las gestiones ediles anteriores.
En un contexto como el que estamos viviendo, resulta inadmisible que los modelos económico-financieros de este tipo de contratos, sigan siendo confidenciales. Por ello, la Defensoría del Pueblo urge al Congreso de la República, priorizar el estudio y debate del proyecto de ley N° 947/2016-DP, que promueve la transparencia durante la gestión de contratos de asociación público privada, presentado por la Defensoría del Pueblo el 08 de febrero del 2017 y derivado a la Comisión de Fiscalización y Contraloría el 13 de febrero del mismo año.
Han transcurrido casi ochocientos días sin que se cuente con el dictamen respectivo, mientras la falta de transparencia y participación ciudadana en estos contratos, ha generado actos de corrupción y conflictividad social.
En sintonía con la gravedad de lo ocurrido, finalmente, la Defensoría del Pueblo solicita al Poder Ejecutivo, que haga suya la iniciativa legislativa mencionada, porque estamos seguros de la urgencia de una reforma como la planteada y de los impactos positivos que ella tendría en la política de lucha contra la corrupción.