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Lima, domingo 03 de diciembre de 2017

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Defensoría del Pueblo demanda garantizar capacidad jurídica, salud, educación, empleo y accesibilidad para las personas con discapacidad en políticas públicas

Nota de Prensa 346/OCII/DP/2017

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Foto Nota de Prensa

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora hoy, la Defensoría del Pueblo exhortó al Estado peruano a formular políticas públicas que garanticen la capacidad jurídica de este sector de la población así como sus derechos a la salud, educación, empleo y accesibilidad para lograr dotarlos de mejores oportunidades y de calidad de vida.

“Es necesario que las políticas públicas se plasmen en el Plan Nacional de Derechos Humanos, el Plan Nacional para las Personas con Trastorno del Espectro Autista, el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, el Plan Nacional de Salud Mental, el Plan Nacional de Accesibilidad, entre otros, para que recojan los postulados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” señaló Malena Pineda, Jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo.

Recordó que a nueve años de la vigencia de la Convención de Personas con Discapacidad el Estado peruano aún no ha modificado el Código Civil de 1984, sigue permitiendo la práctica de la interdicción de personas con discapacidad desconociendo y anulando su voluntad, autonomía y libertad de tomar decisiones. La interdicción no ha sido derogada a pesar de la recomendación del Comité de Naciones Unidas y a las personas con discapacidad no se les garantiza los apoyos necesarios para el ejercicio de sus derechos.

Pineda también recordó que la infraestructura, el desarrollo urbanístico, el transporte, las comunicaciones y la información en nuestro país no son accesibles para las personas con discapacidad. La eliminación de estas barreras debe estar contemplada en el Plan Nacional de Accesibilidad y comprometer a todos los sectores y niveles de gobierno. 

En el ámbito educativo, persisten serias brechas, por ejemplo, en el año 2016 tan solo el 39.5% del total de estudiantes con discapacidad en edad escolar se matriculó en el sistema educativo público y privado (Educación Básica Regular, Educación Básica Especial, Centro de Educación Técnico-Productivo, superior no universitario). La evaluación de la calidad de la educación inclusiva y la atención a la diversidad (logros de aprendizaje y acceso) deben considerarse tanto en la formulación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2017-2021, como en el Plan Nacional para las Personas con Trastorno del Espectro Autista y el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.

Por otro lado, a pesar de los avances en la reforma de servicios de salud mental, como ha sido la implementación de 31 Centros de Salud Mental Comunitario, las necesidades de la población y los problemas de violencia recurrentes demandan una mayor intervención. La desinstitucionalización de un significativo número de personas, algunas con más de 50 años internadas en centros psiquiátricos como el Hospital Víctor Larco Herrera es tan urgente como la creación de 350 centros de salud mental comunitarios y hogares protegidos en todo el país, lo cual debe estar contemplado en el Plan Nacional de Salud Mental.

En cuanto a empleo, aún no se ha logrado asegurar el cumplimiento de la cuota para personas con discapacidad en el ámbito público y privado. El Estado está obligado a garantizar su contratación sin discriminación, el establecimiento de incentivos para los privados y la realización de ajustes razonables tanto para postular al trabajo como en el lugar de trabajo.

Con relación al Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021, es necesario incorporar a las personas con discapacidad psicosocial, quienes también están expuestas a violaciones a sus derechos y graves situaciones de violencia física, psicológica, sexual, abandono y encierro dentro del ámbito familiar, sin mencionar que sus denuncias y quejas son desestimadas al estigmatizar su credibilidad.

Todo esto, nos recuerda que existe una gran brecha de desigualdad social que no podrá ser superada únicamente con modificaciones normativas o la dación de nuevas leyes. Es imperativo que, desde los distintos sectores y niveles de gobierno, se planteen políticas públicas dirigidas a articular acciones en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, anotó la representante de la Defensoría del Pueblo.

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