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Lima, miércoles 11 de julio de 2012

Según Reporte N° 100, que se emite en forma ininterrumpida:

Defensoría del Pueblo informa que en junio se registraron 247 conflictos sociales.

Nota de Prensa 181/OCII/DP/2012

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Foto Nota de Prensa
  • Durante el sexto mes del año se produjeron cinco conflictos nuevos y se resolvieron tres.
  • Cinco casos requieren atención urgente.

La Defensoría del Pueblo dio a conocer hoy el Reporte Mensual de Conflictos Sociales Nº 100, correspondiente al mes de Junio del 2012, el cual da cuenta de un total de 247 conflictos sociales. De éstos, 169 están activos (68%), en tanto que 78 se encuentran en estado latente (32%). Las regiones donde se produce el mayor número de conflictos sociales son, al igual que en mayo,  Áncash (29) y Puno (22). 

Cabe señalar que el Reporte Mensual de Conflcitos Sociales se emite de manera ininterrumpida desde el año 2004 y que el N°100 corresponde a junio del 2012. Se debe subrayar, además, que esta publicación de la Defensoría del Pueblo se ha consolidado como una herramienta pública que permite alertar –tanto a las autoridades y empresas como  y comunidades- sobre los conflictos sociales que ocurren en el país, así como sobre la necesidad de su atención oportuna.

Los conflictos socioambientales representan el 60% (150 casos) del total de conflictos registrados en junio. A continuación aparecen los referentes a asuntos de Gobierno Nacional, con 8,5% (21 casos) y los existentes contra municipalidades, con 8% (20 casos). Los conflictos de naturaleza laboral representan el 6% de casos (15).

La principal competencia en la atención de los conflictos sociales registrados recae en el Gobierno Nacional, con 162 casos (65%). Los Gobiernos Regionales (y sus distintas instancias) son competentes para atender 50 casos (20%); y los Gobiernos Locales (provinciales o distritales) son responsables en 26 casos (10,5%).

El Reporte correspondiente a junio da cuenta de tres conflictos socioambientales resueltos. El primero, ubicado en Huancavelica, era el suscitado entre la Comunidad Campesina Saclla Santa Ana y la Empresa Minera San Genaro - Castrovirreyna S.A. Al término de un proceso de diálogo, ambas partes suscribieron un convenio, el 21 de junio, en el cual se aborda lo concerniente a la responsabilidad social y ambiental.

El segundo caso resuelto se ubica en Cajamarca, donde los regantes del canal La Ramada están realizando trámites  complementarios, ante la Autoridad Administrativa del Agua, para el mejoramiento y aprovechamiento de los manantiales Rume Rume, Perga Perga y Cuyoc en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Jefatural No. 077-2012. ANA.

El tercer caso resuelto se produjo en Ayacucho, por efecto de la decisión del Gobierno Regional de Ayacucho de disponer, mediante Decreto Nº 05135-12-GRA/PRES-GG, el cierre del Proyecto “Construcción Sistema de Irrigación Integral Laguna Tajata: Umasi, Apongo, Raccaya, Taca y Canaria” atendiendo la demanda de la Comunidad Campesina Umasi.

Asimismo, en el Reporte N°100 se da cuenta de cinco conflictos sociales nuevos: cuatro de ellos son de naturaleza socioambiental y uno se relaciona con un asunto de Gobierno Nacional. Los casos nuevos se ubican en el distrito de Macate, Ancash, otro caso en el departamento de Apurímac, en la Comunidad Campesina de Huancuire; y dos en el departamento de Ayacucho, en el distrito de Canaria: uno en la comunidad campesina de Taca y el segundo a la comunidad campesina de Umasi. Por último, se registra un conflicto por asunto de gobierno nacional, que involucra a los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Lima, Puno y Tacna liderados por un  sector del Sutep.

Cabe destacar que durante el mes de junio del 2012, 77 casos continuaron siendo tratados mediante procesos de diálogo (el 46% de los casos activos); de ellos, 49 fueron tratados mediante Mesas de diálogo y Comisiones de alto nivel. La Defensoría del Pueblo ha participado en 23 de dichos espacios de diálogo.

Por otro lado, el Reporte de Conflictos Sociales Nº 100 registra 93 acciones colectivas de protesta ocurridas durante el mes de junio. Además se da cuenta de  191 actuaciones defensoriales (161 fueron acciones de supervisión preventiva, 16 de intermediación y 14 de defensa legal).

La Defensoría del Pueblo desea dar a conocer su preocupación sobre cinco conflictos que requieren atención urgente. En primer lugar, el caso que involucra a pobladores del Asentamiento Humano (AA.HH) Nueva Esperanza (Barranca, Lima), quienes demandan el cese de la contaminación ambiental generada por las emisiones de la empresa Agro Industrial Paramonga S.A.A. – AIPSA y las empresas Panasa, Cartopac y Quimpac S.A; así como la reubicación de la población que se encuentra colindante a dichas empresas.

Un segundo conflicto se ubica en los límites de los departamentos de Junín y Cusco, donde pobladores de la Comunidad Nativa Kakinte, señalan que debido al plan de ampliación realizado por la empresa REPSOL en las operaciones de gas en el lote 57- que además uniría otros lotes como el 56 y 88 - la frontera de gas desde el Cusco hasta la cuenca del Tambo se ensancharía, lo representaría como consecuencia una posible superposición en los territorios reservados de los pueblos Machiguenga, Asháninca, las zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Otishi, la Reserva Comunal Asháninca, la Reserva Comunal Machiguengay la Reserva Territorial Nahua, Kugapakori y Nanti.

Un tercer conflicto es el que moviliza a los mineros informales a nivel nacional, los cuales han anunciado diversas manifestaciones de protesta en varias zonas del país, a partir del próximo lunes 16 de julio. El cuarto caso que requiere atención y se refiere a la huelga indefinida que promueve el Sutep Conare en diversas regiones del país. Este conflicto, iniciado por una facción radical, ha tenido manifestaciones distintas, algunas incluso violentas, especialmente en las regiones del sur del país. Este sector plantea el incremento de remuneraciones, el pago de bonificaciones por años de servicios, sepelio, luto y preparación de clases, la derogatoria de la Ley de la Carrera Pública Magisterial, e incluso algunas demandas de carácter regional e i ncluso políticas.

El último caso a priorizar es el conflicto de los agricultores de las Juntas de Usuarios de los Distritos de Riego de Tacna, quienes se oponen al proyecto “Ampliación de la Concentradora Toquepala y Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda”, a cargo de la empresa Southern Perú Copper Corporation porque, entre otras cuestiones, restaría agua para la actividad agrícola.

Finalmente, expresamos nuestra confianza en el proceso de diálogo iniciado el lunes 9 de julio en Cajamarca, sobre el Proyecto Conga, con la intervención de Monseñor Miguel Cabrejos y el Padre Gastón Garatea. Este es un paso importante para detener la violencia en la región y encontrar una solución pacífica al conflicto.
La Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad invita a los interesados a encontrar información detallada en la página del Reporte de Conflictos Sociales.

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