Reiteramos la necesidad de una política migratoria integral con enfoque de derechos humanos
En el marco del Día Internacional del Migrante, que se celebra cada 18 de diciembre, la Defensoría del Pueblo exhorta al Estado peruano a implementar una política migratoria integral, que coloque en el centro de su atención a la persona en movilidad internacional, es decir a nuestro connacional que se encuentra fuera del país o que ha retornado después de algunos años, así como a la persona extranjera que se encuentra en el Perú.
Vivimos en un mundo globalizado, que las fronteras físicas son cada vez menos lejanas, y que la situación que puede atravesar un país afecta a los demás, como es el caso de Honduras, Guatemala, El Salvador y Venezuela. Es por ello necesario que los países brinden respuestas coordinadas y adecuadas para atender los flujos migratorios, que pueden comprender a personas refugiadas, apátridas y otras que requieran de protección internacional.
Si bien los Estados tienen el poder soberano de diseñar su política migratoria, éste poder tiene límites en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por lo que reiteramos nuestros pedidos de implementar una política de gestión migratoria que logre un equilibrio entre el enfoque de seguridad y de protección de los derechos, facilitando la regularización migratoria. Se debe tomar en cuenta que las políticas migratorias restrictivas generan el fortalecimiento de redes criminales, así como exponen a mayor riesgo a grupos de especial protección como son mujeres y niños y niñas.
En atención a ello, la Defensoría del Pueblo saluda que nuestro país haya adoptado el “Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular”, que busca impulsar la cooperación internacional para reducir la migración irregular, luchar contra la trata y tráfico ilícito de migrantes, gestionar las fronteras y facilitar el retorno.
Es importante mencionar que este Pacto se adecúa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reconociendo la realidad multidimensional de la migración y la importancia de la misma. Si bien no es un instrumento jurídicamente vinculante, brinda herramientas a los gobiernos para una adecuada gestión migratoria, la misma que deberá tener a la persona como eje central, incorporar el enfoque de protección de derechos humanos, niñez y de género, entre otros, ello sin perjuicio del respeto de la soberanía nacional de cada Estado.