Defensora del pueblo demanda al Ejecutivo y Ministerio Público erradicar minería ilegal y proteger a líderes indígenas de Amazonas

• La funcionaria recibió a la lideresa indígena Augostina Mayan Apikai, representante de Odecofroc, cuyos integrantes vienen siendo objeto de amenazas.

Luego de la reunión sostenida con la lideresa indígena Augostina Mayan Apikai, representante de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), la defensora del pueblo en funciones, Eliana Revollar, reitera al Poder Ejecutivo y al Ministerio Público los requerimientos para destinar acciones para erradicar la minería ilegal y para proteger a líderes indígenas de Amazonas.

En la reunión, la mencionada lideresa expresó a la defensora del pueblo su sentida preocupación por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades awajún y wampis, asentadas en la provincia de Condorcanqui de la región de Amazonas. Esto ocurre debido a la deficiente actuación del Estado para erradicar la minería ilegal, que además de amenazar la salud y seguridad de la población indígena, contamina gravemente el ambiente.

Como es de conocimiento público, el 22 de mayo, los representantes de la organización indígena Odecofroc y otros comuneros intervinieron un campamento de minería ilegal ubicado entre las comunidades nativas Tutino y Pagki, para luego poner a disposición del Ministerio Público a mineros ilegales que venían operando en dichas comunidades. Al respecto, se informó a la institución que, a la fecha, las personas capturadas por su organización se encuentran libres y habrían regresado a la zona donde estas actividades ilícitas continúan desarrollándose con mayor intensidad, habiéndose incrementado con ello las amenazas contra su integridad y vida.

En ese marco, la defensora del pueblo le informó de las actuaciones efectuadas por la institución y la comunicación recientemente remitida al fiscal de la nación, en donde solicita el impulso de las acciones de interdicción contra la minería ilegal que se viene presentando en la provincia de Condorcanqui, así como en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, región Amazonas. Estas acciones deben tener como objetivo proteger el ambiente y a la población local hasta lograr su erradicación, debiendo para ello asegurar el presupuesto y las condiciones logísticas suficientes.

De igual forma, la máxima representante de la institución demandó al presidente del Consejo de Ministros disponer las acciones inmediatas para garantizar presupuesto público, recursos humanos y logísticos en los ministerios de Defensa y del Interior, cuyas competencias están vinculadas a la erradicación de la minería ilegal; asimismo, se deben fortalecer las estrategias de intervención ante dicha actividad ilícita de larga data y que se ha ido incrementando en los últimos años en los territorios señalados.

Por otro lado, a pesar de la gravedad de los hechos, preocupa a la Defensoría del Pueblo el cambio realizado por el Ejecutivo en cuanto a la ubicación de la sesión descentralizada del Consejo de Ministros de la provincia de Condorcanqui a la provincia de Luya. Esto incumple el acuerdo al que se comprometieron en la reunión del 24 de mayo con los líderes de diversas organizaciones indígenas y autoridades de la provincia de Condorcanqui, en presencia de los representantes de la institución defensorial lo que pone en cuestión la fidelidad y respeto de los acuerdos verbalmente asumidos.

A ello se suma la ausencia de documentos que acrediten los compromisos asumidos anteriormente por el Ejecutivo para la atención a las necesidades de la población local. Por ello, es fundamental que en la sesión del Consejo de Ministros que se realiza el día de hoy se determinen y suscriban acciones concretas para atender las demandas de la población, así como para garantizar el cumplimiento de la hoja de ruta suscrita en julio de 2021, por los diversos ministerios, a fin de enfrentar la minería ilegal en el distrito El Cenepa.

Cabe señalar que, desde el mes de abril del presente año, la institución registra la presencia de un conflicto social en la provincia de Condorcanqui, cuyas causas están referidas a la falta de atención de servicios públicos de primera necesidad, como salud, educación, saneamiento y electrificación, además de inversiones en infraestructura. La Defensoría del Pueblo considera que para la solución a este problema se requiere una acción conjunta del Poder Ejecutivo, Gobierno Regional de Amazonas y los gobiernos locales involucrados para impulsar acciones integrales y articuladas que atiendan las brechas sociales y económicas de la población, incluyendo proyectos productivos sostenibles.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo considera oportuno reiterar urgentes medidas de protección para las personas que viven en las comunidades nativas afectadas por las actividades ilícitas y para proteger de manera efectiva la vida, salud e integridad de las personas defensoras de derechos humanos Indígenas que han venido defendiendo su territorio y el medio ambiente. La institución continuará brindando soporte a estas organizaciones y se encuentra alerta ante cualquier situación que vulnere sus derechos.