Defensoría del Pueblo demanda al GORE Amazonas, Ministerio Público y Ejecutivo priorizar erradicación de tala ilegal y garantizar seguridad de pueblo indígena wampis

• Urgen investigaciones céleres y sanciones ejemplares para responsables de amenazas y ataques contra representantes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW).

Frente a la denuncia del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW) por los posibles enfrentamientos entre madereros ilegales y las comunidades nativas del pueblo indígena wampis por la retención de madera extraída ilegalmente de la cuenca del río Santiago, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, la Defensoría del Pueblo hace de conocimiento público lo siguiente:

1. Resulta preocupante la ausencia del Estado para combatir actividades ilegales, como la tala y minería ilegal en la provincia de Condorcanqui, que no solo afecta al ambiente y nuestros recursos naturales, sino que además pone en riesgo la integridad y vida de la población indígena que se ve obligada a intervenir y hacer frente a estos delitos que se desarrollan en sus territorios.

2. Desde hace más de dos años, los representantes del GTANW vienen exigiendo a la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional (GORE) de Amazonas –en su calidad de Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre de la región–, a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental Bagua y otras autoridades competentes cumplir con sus funciones para erradicar la tala ilegal que se viene produciendo en la cuenca del río Santiago, en el distrito de Río Santiago.
3. Como resultado de la inacción de dichas autoridades, el pueblo indígena wampis se ha visto obligado a adoptar acciones para evitar el transporte de madera ilegal a través de sus territorios. Como resultado de esta acción, representantes del GTANW han sido objeto del robo del único medio de transporte con el que contaban, así como de amenazas de quema de su local comunal, poniendo en riesgo su integridad y vida.
4. Si bien una comitiva integrada por la subprefectura de la provincia de Condorcanqui, Fiscalía Provincial Mixta de Río Santiago y la Comisaría de Santa María de Nieva está trasladándose a la zona en conflicto, a fin de realizar las investigaciones del caso; considerando la situación de vulnerabilidad del pueblo indígena wampis ante las amenazas y ataques que estarían recibiendo de taladores ilegales, así como la impunidad del delito de tala ilegal en la cuenca del río Santiago, la Defensoría del Pueblo demanda: 

• Al Ministerio del Interior (Mininter) y la Policía Nacional del Perú (PNP) fortalecer con urgencia las medidas destinadas a salvaguardar la seguridad de la población indígena wampis y los representantes de la GTANW, con pertinencia cultural, y respetando los estándares internacionales de protección para las personas defensoras de derechos humanos. 

• Al Ministerio Público ejecutar con celeridad las investigaciones sobre las amenazas y ataques vinculados a los hechos descritos, a fin de lograr la identificación y sanción oportuna de los responsables.

• Al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos evaluar la activación del Mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos frente al pedido de los representantes de la GTANW ante las amenazas y ataques de los han sido objeto; así como a la Unidad de Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente y al Ministerio de Cultura, contribuir con dicho propósito de manera oportuna. 

• Al Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Bagua, en coordinación con el Mininter y la PNP, a través de las comisarías de la región; disponer con celeridad y debida diligencia la persecución e investigación de la comisión del delito de tala ilegal en la cuenca del río Santiago.

• Al Mininter, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Bagua y la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, ejecute las acciones de inteligencia requeridas para desarticular las organizaciones criminales que están detrás de la tala ilegal en dicha región, particularmente en la cuenca del río Santiago.

• A la Comisión de Alto Nivel para la prevención y reducción de los Delitos Ambientales y la Comisión Multisectorial Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal que realicen un trabajo articulado para abordar en forma específica la tala ilegal que viene ocurriendo en la cuenca del río Santiago. 

• A la Autoridad Regional Ambiental del GORE Amazonas ejercer sus funciones de control y fiscalización forestal de manera oportuna y diligente; particularmente de la cuenca del río Santiago, en coordinación con la PNP y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

• Al GORE Amazonas que priorice la lucha contra la tala ilegal en su región, disponiendo los recursos humanos, logísticos y económicos requeridos, para fortalecer el control y la fiscalización forestal, particularmente en la cuenca del río Santiago.

• A la Contraloría General de la República, disponer la ejecución del control gubernamental, a través de las acciones de supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública de las autoridades competentes, particularmente a Autoridad Regional Ambiental del GORE Amazonas, para que adopten las acciones preventivas y correctivas pertinentes, sin perjuicio de iniciar inmediatamente las acciones legales si se presume la comisión de un ilícito penal o infracciones contra la administración pública.

Para la Defensoría del Pueblo resulta fundamental que el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público, juntamente con los gobiernos regionales, diseñen e implementen una estrategia integral y articulada para prevenir y erradicar actividades ilegales, como la minería y la tala ilegal, evaluando la pertinencia de la participación de las organizaciones indígenas y comunidades nativas afectadas por dichas actividades, a efectos de incorporar el enfoque territorial a dicha estrategia.