Defensoría del Pueblo demanda separación inmediata de funcionarios responsables de no velar por los estándares mínimos de bioseguridad, higiene y manejo de ropa contaminada establecidos en la normativa sanitaria vigente, en EsSalud
Ante las graves irregularidades denunciada por el dominical Panorama, la Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación por las graves deficiencias en la prestación del servicio de lavado de ropa hospitalaria contratada por la Red Prestacional Rebagliati del Seguro Social de Salud – EsSalud para 03 hospitales: Hospital II Carlos Alcantara Butterfield, Hospital I- 2 Uldarico Roca Franadez y Hospital III Suarez Angamos; así como posibles incumplimientos de las condiciones técnicas y sanitarias exigidas para este tipo de servicios.
La empresa contratada habría obtenido órdenes de servicio para el lavado de ropa hospitalaria destinada a médicos, personal de salud y pacientes de diversos establecimientos de salud, pese a que las condiciones en las que se realizaría dicho servicio no serían compatibles con los estándares mínimos de bioseguridad, higiene y manejo de ropa contaminada establecidos en la normativa sanitaria vigente.
Cabe precisar que, el lavado de ropa es un servicio de naturaleza permanente en las instituciones de salud por periodo de al menos 12 meses, tal como lo señala la Ley General de Contrataciones públicas – Ley nº 32069; asimismo, su contratación debe ser adecuadamente programada incluyendo el análisis de riesgo que pueda afectar su continuidad,
Asimismo, la ropa hospitalaria constituye un elemento crítico dentro de la seguridad sanitaria y del control de infecciones asociadas a la atención en salud. Por ello, el procesamiento, transporte, lavado, desinfección y almacenamiento de prendas hospitalarias deben realizarse bajo estrictos protocolos técnicos y sanitarios, considerando que una inadecuada manipulación podría poner en riesgo la salud y vida de pacientes, personal de salud y trabajadores vinculados al servicio.
La Defensoría del Pueblo exige la inmediata separación de funcionarios que se encuentran comprometidos con este tipo de negligencia grave que pone en riesgo la salud y la vida de miles de peruanos.