Defensoría del Pueblo destaca importancia de fortalecer la lucha contra el acoso sexual callejero hacia las mujeres
- En el marco de la futura elección de autoridades regionales y municipales.
Al haberse iniciado la Semana Internacional contra el Acoso Sexual Callejero, que comprende el periodo entre el 7 y 13 de abril, la Defensoría del Pueblo recuerda la importancia de que las nuevas autoridades que sean elegidas en los próximos meses, especialmente en los niveles regional y municipal, prioricen la prevención, atención y sanción de esta forma de violencia sexual. Asimismo, resulta fundamental que la problemática sea abordada como parte de las políticas de seguridad ciudadana, en tanto afecta directamente el derecho de las mujeres a transitar libremente y a vivir en espacios públicos seguros y libres de violencia.
Cabe indicar que se entiende por acoso sexual callejero toda manifestación mediante palabras, gestos, silbidos o frases ofensivas de tipo sexual que sean vertidas contra una persona a la que no se conoce, afectando por ello su autoestima. Asimismo, comprende actos como roces o contactos indebidos, así como el registro o difusión de fotografías o grabaciones del cuerpo o partes de este sin su consentimiento. Estas conductas no solo vulneran la libertad sexual, sino que refuerzan relaciones desiguales de poder basadas en el género, perpetuando la violencia y discriminación contra las mujeres.
Al respecto, solo entre 2024 y 2025 los centros emergencia mujer y familia (CEM) atendieron a 987 mujeres víctimas de acoso sexual callejero, de las cuales el 53 % eran menores de 18 años, mientras que, entre enero y febrero de este año, la cifra de atenciones asciende a 69 casos. Asimismo, en 2025 las diez regiones con mayor incidencia fueron Lima Metropolitana, Lima Provincias, Cusco, Piura, Junín, Áncash, Arequipa, San Martín, La Libertad e Ica.
Pese a la preocupante problemática, persisten importantes brechas en la respuesta estatal. De las regiones mencionadas, solo Lima Metropolitana, Junín, Arequipa y La Libertad cuentan con ordenanzas que sancionan este tipo de conducta. Además, a nivel de Lima Metropolitana, los distritos de La Molina y el Rímac aún no cuentan con ordenanzas contra el acoso sexual en espacios públicos. De otro lado, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (Enares) 2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a nivel nacional dos de cada 10 adolescentes mujeres de 12 a 17 años reportaron haber sido víctimas de algún tipo de acoso sexual, lo que evidencia que esta forma de violencia afecta a las mujeres desde etapas tempranas de su vida.
Frente a esta realidad, la Defensoría del Pueblo recuerda que el artículo 7 de la Ley 30314, vigente desde 2015, establece la obligación de los gobiernos regionales, provinciales y locales de adoptar medidas integrales para prevenir y atender esta forma de violencia, así como de implementar procedimientos administrativos eficaces para su denuncia. En este marco, resulta clave que dichas acciones se articulen con las estrategias de seguridad ciudadana, incluyendo el fortalecimiento del patrullaje, la recuperación de espacios públicos seguros y campañas de prevención.
No obstante, el cumplimiento efectivo de estas obligaciones dependen en gran medida de la voluntad política de las autoridades para priorizar la violencia contra las mujeres en sus jurisdicciones, asignar recursos adecuados y ejecutar acciones sostenidas que permitan enfrentarla de manera integral, especialmente considerando que se trata de una problemática históricamente normalizada y tolerada en la sociedad.
El acoso sexual callejero genera un gran impacto directo en la vida de las mujeres, al restringir su derecho al libre tránsito, a la seguridad persona y al pleno desarrollo de su autonomía. Por ello, ante cualquier situación que se enmarque dentro de este tipo de conductas, las víctimas también pueden acudir a cualquier sede de la Defensoría del Pueblo o comunicarse a través de la línea gratuita 0800-15-170.