Defensoría del Pueblo: es necesario evaluar funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad ciudadana ante aumento de delincuencia

• La Ley del Sinasec, que tiene más de 20 años de vigencia, promueve acciones multisectoriales y articuladas en favor de la seguridad.
• No obstante, índices de victimización se han mantenido igual en los últimos años, según reportes del INEI.

Frente a la proliferación de hechos delictivos, que sigue afectando la seguridad de la ciudadanía de distintas partes del país, la Defensoría del Pueblo recordó que este año la Ley n.° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad (Sinasec), cumple 20 años de su entrada en vigencia; norma que fue emitida con objeto de crear espacios multisectoriales a nivel nacional, regional, provincial y distrital para la concertación, articulación, diseño y ejecución de políticas públicas y estrategias contra la delincuencia.

No obstante, la proliferación de hechos delictivos se mantuvo incluso en el periodo de la pandemia y durante las manifestaciones públicas en distintas zonas del país. De acuerdo a data del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el semestre septiembre-febrero 2023, el 23.2 % de la población urbana de 15 años y más, fue víctima de algún hecho delictivo. En comparación con los mismos semestres, en los años 2020-2022, esta cifra aumentó en 2,8 y 3,3 puntos porcentuales, respectivamente.

Asimismo, en el caso de Lima Metropolitana, el número de denuncias por hechos delictivos, recibidas por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), ascendió de 94 238 casos en el año 2020 a 120 354 en el año 2021. Mientras que en 2022 dicha cifra ascendió a 160 186 denuncias. En lo que respecta específicamente a homicidios, el número de denuncias registradas también aumentó considerablemente: 795 en 2020; 1102 en 2021; y 1379 en 2022.

Para la Defensoría del Pueblo este problema de la inseguridad ciudadana merece especial atención por parte del Estado, ya que afecta una serie de derechos fundamentales. Por ello, es primordial garantizar el resguardo, protección y auxilio oportuno a la población con enfoque de derechos humanos, apelando a la capacidad organizativa de la sociedad civil, cuyo rol debe tener especial trascendencia para la vigilancia de las obligaciones y compromisos de las autoridades, así como para apoyar en acciones de carácter preventivo, sin que se le traslade responsabilidades que son propias de los operadores estatales.

Asimismo, es importante que el Estado dé muestras claras de su interés y compromiso para abordar la inseguridad ciudadana, aprovechando espacios como el del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), para identificar fortalezas y debilidades del funcionamiento del Sinasec, tal como se encuentra estructurado actualmente, a fin mejorar lo que resulte necesario y continuar promoviendo acciones ineludibles, como es el fortalecimiento y modernización de la PNP.

Como se recuerda, mediante la Ley n.° 27933 se creó el Conasec, máxima instancia del Sinasec que debe sesionar por lo menos cuatro veces al año y que tiene entre sus funciones la formulación, conducción y evaluación de las políticas de seguridad ciudadana y que es encabezado actualmente por la PCM. Entre sus integrantes están los titulares de los ministerios del Interior, Justicia y Derechos Humanos, Educación, Economía y Finanzas, Transportes y Comunicaciones, así como del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, entre otros.

A su vez, la estructura del Sinasec incluye a comités regionales, provinciales y distritales, instancias que tienen el encargo de formular y ejecutar los planes, programas y proyectos en dicha materia y que, además, de contar con representantes de distintas entidades públicas, incluye a organizaciones civiles de la sociedad, como es el caso de las juntas vecinales.

La Defensoría del Pueblo ratifica su compromiso en la defensa de los derechos de todas las personas y supervisión de la administración estatal y los servicios públicos, por lo que se mantendrá atenta a las acciones que se implementen para luchar contra la inseguridad ciudadana.