Defensoría del Pueblo: Estado peruano debe luchar contra la discriminación estructural existente contra las personas con discapacidad

• La Política Nacional en Discapacidad para el Desarrollo lo reconoce como un problema público que debe ser atendido urgentemente por el Estado.

De acuerdo con el último Censo del 2017, en nuestro país hay 3 209 261 personas con discapacidad, lo que representa el 10,3% de la población. Es decir, uno de cada 10 peruanos/as tiene discapacidad. El 48.3% tiene dificultades para ver, el 15.1% dificultades para moverse o caminar mientras un 18,5% tiene dos o más discapacidades. Del universo total, el 56.7% son mujeres y el 43.3% varones. Asimismo, 40.1% son personas adultas mayores y 14.3% niñas, niños y adolescentes.

Gran parte de la población con discapacidad experimenta diversas situaciones de exclusión y discriminación en su vida diaria, como la falta de oportunidades laborales, barreras en la educación, inaccesibilidad en los medios de transporte; así como precariedad y pobreza. Se deben desterrar prejuicios y enfoques caritativos, de prescindencia y médicos que vulneran los derechos humanos, donde hay igualdad, libertad y justicia, no hay lástima ni encierro.

La encuesta realizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el año 2019, reveló que uno de cada tres peruanos con discapacidad ha sufrido discriminación, y los lugares donde se han producido son, principalmente, en la calle (28%), en un hospital público o posta médica (16%) y en sus centros laborales (público, 15% y privado, 14%, respectivamente). Las personas con discapacidad son el cuarto grupo más discriminado.

“El Día Nacional de las Personas con Discapacidad debe servir también para tomar conciencia sobre la situación que viven estas personas y realizar todos los esfuerzos posibles para eliminar la discriminación estructural que enfrentan. Su condición de vida ha empeorado debido a la emergencia sanitaria por la Covid-19 y el gobierno necesita adoptar medidas urgentes y efectivas para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales y constitucionales de este sector de la población”, señaló Walter Gutiérrez, Defensor del Pueblo.

La emergencia sanitaria por la Covid-19 puso en evidencia la situación de extrema vulnerabilidad que viven las personas con discapacidad. La falta de acceso al mercado laboral, así como la falta de adaptaciones pedagógicas para garantizar una educación de calidad, las diversas barreras en la atención de la salud física y mental de estas personas, el escaso apoyo que reciben de parte del gobierno y la existencia de prejuicios negativos contra este sector de la población, entre otros, agravan su condición.

“Las personas con discapacidad son parte importante de nuestra sociedad y de nuestras familias. Requieren oportunidades de inclusión en los ámbitos académicos, laborales, sociales y políticos. Dicha inclusión es posible eliminando la percepción capacitista que existe y las tradiciones culturales discriminatorias; asimismo, es urgente avanzar en el respeto a la capacidad jurídica, incluso mediante la implementación de ajustes razonables y sistemas de apoyos en caso lo requieran”, manifestó Malena Pineda, jefa del programa de defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad.

La Defensoría del Pueblo en su rol de Mecanismo Independiente encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación en el Estado peruano de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas; viene supervisando la situación de la educación inclusiva en el país, en el ámbito escolar como universitario, la atención de la salud mental, la implementación de la pensión no contributiva para personas con discapacidad severa, la implementación de medidas de seguridad para personas declaradas inimputables, entre otros, que permitan avanzar en la implementación de políticas públicas que garanticen los derechos de las personas con discapacidad.

“Las personas con discapacidad tienen derecho a tomar sus propias decisiones en todos los ámbitos de la vida. En ese sentido, es muy importante que se avance en la implementación del derecho a la consulta de las personas con discapacidad en todos los procesos de elaboración de normas, políticas públicas, programas y servicios relativos a discapacidad, pues son ellas quienes mejor pueden definir cuáles son sus prioridades, necesidad y expectativas”, remarcó la funcionaria.

La Defensoría del Pueblo, seguirá atenta a las necesidades de este grupo vulnerable y pone a disposición para cualquier consulta la línea gratuita 0800-15170.