Defensoría del Pueblo pide a Ejecutivo convocar a Conasec para evaluar eficacia de estado de emergencia en Lima y Callao

• En lo que va del año esta instancia no se ha reunido para abordar problemática de la criminalidad que afecta al país, por lo que se pide balance de resultados.

La Defensoría del Pueblo solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros convocar a una nueva sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), en la que se evalúe la efectividad de las distintas medidas que vienen adoptándose en materia de lucha contra la criminalidad que azota al país y se aborde esta problemática desde una mirada con enfoque de derechos humanos.

El pedido fue dirigido a raíz de la última medida adoptada por el Ejecutivo, en la que se dispuso ampliar el estado de emergencia por 45 días adicionales en Lima y Callao. A través de un documento dirigido al titular de la PCM, la institución reafirmó la necesidad de que el problema de la delincuencia común y organizada sea abordado por el Estado a través del diseño de políticas públicas, con indicadores claros que permitan medir y evaluar objetivamente la eficacia y eficiencia de las mismas, especialmente con relación a la victimización y a la percepción de inseguridad de la ciudadanía.

En el documento también se requirió a la PCM un balance de los resultados obtenidos durante la vigencia del estado de emergencia en la capital, así como copia de los informes policiales que habrían servido de sustento principal para que el Ejecutivo adopte esta estrategia. Ello, tras advertirse el impacto que tiene en la ciudadanía la declaración del estado de emergencia frente a la crisis de la inseguridad, proponiéndose que este tipo de decisiones sean evaluadas en espacios multisectoriales especializados como el que brinda el Conasec que, pese a su importancia, no ha sesionado en lo que va de este año.

Además, se advierte la naturaleza excepcional de esta medida, la cual debe responder a criterios de temporalidad, proporcionalidad y necesidad, de acuerdo con los artículos 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 137 de la Constitución. “Por tal motivo, para la Defensoría del Pueblo es forzoso que exista una debida justificación sustentada objetivamente, más aún cuando está de por medio la suspensión del ejercicio de derechos y libertades personales”, se precisa en el documento suscrito por la defensora del Pueblo, Eliana Revollar.

Cabe indicar que, según el último informe técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), correspondiente a marzo de este año, Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao se mantienen entre las ciudades con los mayores porcentajes de inseguridad para los próximos doce meses, con más del 93 % en ambos casos.

En ese sentido, en el documento se plantea a la PCM la necesidad de retomar y dar continuidad a otras medidas relevantes en la lucha contra la inseguridad ciudadana, como son la formulación de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030 y el proceso de fortalecimiento y modernización de la Policía Nacional.

“Para la Defensoría del Pueblo, el Estado debe asumir sus obligaciones de garantizar la seguridad y proteger los derechos ciudadanos en el marco de lo establecido por el artículo 44 de la Constitución, apelando a la capacidad organizativa de la sociedad civil, primordialmente para acciones de carácter preventivo, pero sin que ello signifique trasladar sus propias responsabilidades en materia de orden interno”, precisó la titular de la institución.