Defensoría del Pueblo recomendó al Minedu acciones para garantizar la educación y salud de estudiantes durante el retorno a las clases presenciales

• En supervisión nacional a 212 instituciones educativas públicas se advirtió serias deficiencias referidas a infraestructura escolar, entrega de materiales educativos y condiciones de bioseguridad.

En una supervisión nacional ejecutada entre el lunes 14 y viernes 18 de febrero del año en curso, la Defensoría del Pueblo supervisó 212 instituciones educativas públicas respecto al cumplimiento de las condiciones para el inicio y desarrollo de las clases presenciales en 2022, ante las deficiencias encontradas, puestas en conocimiento de las autoridades del Ministerio de Educación (Minedu), demandamos acciones para garantizar calidad de educación y condiciones de bioseguridad para estudiantes y personal docente.

Según explicó la Adjunta para la Administración Estatal, Alicia Abanto, el recorrido por dichos centros educativos tuvo por finalidad garantizar el derecho a la educación y la salud de miles de estudiantes en la reapertura de escuelas para lo cual se supervisaron aspectos vinculados a la gestión escolar, aspectos pedagógicos, disponibilidad de infraestructura segura, materiales educativos y docentes, así como el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad para la prevención del Covid-19.

El cierre de escuelas durante la pandemia afectó seriamente el logro de las metas educativas de miles de estudiantes, frente a lo cual, el portafolio de Educación estableció una serie de acciones pedagógicas dirigidas a superar dicho problema y crear las condiciones para que ellos alcancen un aprendizaje de calidad. Sin embargo, 34 instituciones educativas públicas informaron que su personal docente no brindó acciones de recuperación para la consolidación de aprendizajes a las y los estudiantes que no lograron los niveles esperados antes del cierre del año escolar.

Con relación al cumplimiento de las condiciones operativas para el inicio y desarrollo de las clases presenciales durante el presente año, la supervisión demostró que existe demora y deficiencias en los procesos destinados a asegurar la disponibilidad de infraestructura segura, la entrega oportuna de materiales educativos y la contratación de personal docente. En efecto, se encontró que 128 II.EE. no recibieron los materiales y recursos educativos para el presente año y 41 II.EE. fueron dotados de materiales incompletos o insuficientes.

Respecto a la infraestructura educativa, 86 II.EE. informaron que no se transfirieron los recursos del programa de mantenimiento a las cuentas de ahorros de las personas responsables de los locales educativos.  A su vez, 37 II.EE. informaron que tenían 203 plazas docentes vacantes pendientes de adjudicar en el proceso de contratación docente 2022.

Abanto dijo que, la supervisión demostró que 109 II.EE. no cumplieron con señalizar ningún espacio del local educativo en el marco de las medidas para prevenir la propagación del Covid-19, tales como el ingreso y la salida de espacios cerrados, los espacios comunes y el ingreso del local educativo, las puertas de ingreso y salida del local educativo, y el punto de acopio de desechos

Asimismo, 30 II.EE. no tenían ventilación natural adecuada, 38 II.EE. no tenían estación de lavado de manos ni estación de desinfección de manos. Estos resultados son aún más preocupantes cuando se advierte que 121 II.EE. manifestaron que la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), no cumplió con supervisar el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad.

La Defensoría del Pueblo ha cursado una comunicación formal al ministro de educación, Rosendo Serna, poniendo en conocimiento estos y otros hallazgos de la supervisión nacional a instituciones educativas públicas, y, a su vez, se le recomendó acciones concretas e inmediatas para garantizar el derecho a la educación y la salud de miles de estudiantes en el inicio y desarrollo de las clases presenciales en 2022. La Defensoría del Pueblo continuará con su deber se supervisar las instituciones educativas en defensa del derecho de la población escolar.