Defensoría del Pueblo: se debe garantizar salud de internos y trabajadores de Penal de Juliaca

El módulo de la Defensoría del Pueblo en Juliaca demandó a la dirección del Establecimiento Penitenciario de la ciudad de Juliaca tomar las medidas correspondientes para controlar el brote del COVID-19 y garantizar la salud de los internos y trabajadores, así como brindar condiciones laborales adecuadas al personal penitenciario.

Ante la expansión del virus en la región Puno, el coordinador del módulo de la Defensoría del Pueblo en Juliaca, Nivardo Enríquez, solicitó a la dirección del penal informar sobre la situación de su población y acciones para atenderlos ante posibles contagios. En respuesta a esta demanda, informaron que hay 4 internos positivos al virus y 7 trabajadores penitenciarios.

De inmediato, el módulo de la Defensoría del Pueblo en Juliaca exigió que el Establecimiento Penal de Juliaca refuerce la entrega de los equipos de protección personal (EPP) necesario para garantizar la bioseguridad de los internos y trabajadores, como guantes desechables, mascarilla médica, ropa desechable, protección ocular desechable, entre otros. Asimismo, dotar a todas las personas privadas de libertad de útiles de aseo, en cantidad necesaria, para garantizar la máxima higiene posible y realizar campañas de limpieza y desinfección permanente  en todos los ambientes y pasadizos existentes en el penal.

El módulo defensorial también demandó que se identifiquen los sectores de personas privadas de libertad y de agentes penitenciarios más susceptibles y/o vulnerables de ser afectados por el COVID-19 como adultos/as mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades preexistentes, entre otros. “Es necesario que se implementen ambientes de aislamiento que cumplan los estándares establecidos por el Ministerio de Salud”, agregó.

Por otro lado, la entidad exige también que en coordinación con la Red de Salud (Redes) de San Román brinde el soporte médico necesario al penal de Juliaca, a través del tamizaje COVID-19, dotación de medicamentos y demás medidas sanitarias. 

La Defensoría del Pueblo ha manifestado en reiteradas oportunidades la necesidad que el INPE adopte acciones para prevenir y contrarrestar probables brotes masivos del COVID-19 en los establecimientos penitenciarios de todo el país. A través del informe “Situación de las personas privadas de libertad a propósito de la emergencia sanitaria nivel nacional”, se advirtió que la salud de la población penitenciaria se podría ver seriamente comprometida debido a las condiciones de hacinamiento e insalubridad que ya existían en los penales antes de la llegada de la emergencia sanitaria a causa del coronavirus.