Defensoría del Pueblo: violencia hacia niñas, niños y adolescentes exige respuesta integral del Estado en prevención, atención y sanción de responsables

• Últimos casos demuestran que la violencia sexual no solo tiene rostro de niñas y adolescentes, sino que existe un ensañamiento ante la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación, no solo por el incremento de casos de violencia hacia niñas, niños y adolescente, sino también porque estos son perpetrados con extrema crueldad y ensañamiento. Frente a esta situación, demanda al Estado una respuesta efectiva desde la prevención y que garantice la atención oportuna de los casos, así como la sanción a los responsables, teniendo en cuenta el interés superior de dicho grupo poblacional.

La violencia de género es un problema estructural que afecta a esta población en diversos espacios, como el hogar, la escuela, la comunidad, entre otros; y una de las formas más atroces es la violencia sexual, cuyas víctimas son, principalmente, personas menores de edad. De acuerdo con datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones (MIMP), 65 % de los casos reportados por los centros emergencia mujer involucran a niñas, niños y adolescentes.

Al respecto, según el MIMP, entre enero y febrero de 2023, hubo 2557 niñas y adolescentes mujeres afectadas (92.5 % del total, que fue 2764); igual de alarmante son las cifras de violación sexual, debido a que, en 1036 denuncias, las víctimas fueron, también, mujeres en esa etapa de vida (93.7 % del total de casos en personas menores de edad). Asimismo, en dicho periodo, hubo una tentativa de feminicidio y dos feminicidios que afectaron a niñas y adolescentes mujeres; además, según reporta la Policía Nacional del Perú, hubo la desaparición de 1397 niñas, niños y adolescentes; se ubicó solo a 892 (63.8 %).

Sobre el caso de violencia contra una niña de 11 años en un centro poblado de Atalaya, Ucayali, cuyo estado de salud tiene pronóstico reservado y de gravedad, la Defensoría del Pueblo sigue supervisando su atención efectiva por el personal médico y el apoyo a su familia. También, la actuación del fiscal provincial penal de Atalaya, para que se cumpla con la debida diligencia en la investigación del presunto agresor.

En esa línea, la Defensoría del Pueblo advierte que el Estado aún no ofrece una respuesta integral y sostenida a las víctimas, pues existen deficiencias en el acceso a la justicia o en la atención oportuna de su salud física y mental. Por ese motivo, considera que es necesario que se adopten medidas de prevención sistemática para enfrentar los factores de riesgo y cumplir con la obligación de brindarles protección especial; también, urge campañas de sensibilización y prevención, para dejar de normalizar la violencia y, por consiguiente, erradicar estereotipos de género y la discriminación, y asegurar entornos libres de violencia para niñas, niños y adolescentes.