El Estado y la sociedad deben garantizar protección, justicia y tolerancia cero frente a la violencia sexual contra las mujeres

La Defensoría del Pueblo expresa su más enérgico rechazo y profunda preocupación ante la denuncia pública presentada por la cantante Naldy Saldaña, quien ha señalado haber sido víctima de presuntos tocamientos indebidos e intento de agresión sexual por parte de un excompañero de la orquesta La Bella Luz.

Frente a estos graves hechos, reafirmamos que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es un derecho humano fundamental. Toda denuncia por violencia o agresión sexual debe ser investigada poniendo la protección integral de la víctima en el centro de la actuación estatal. Es imperativo que el sistema de justicia actúe con celeridad, debida diligencia y absoluta empatía, garantizando un proceso que evite cualquier forma de revictimización o exposición innecesaria.

Exhortamos al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú (PNP) a realizar las diligencias correspondientes aplicando el enfoque de género, tal como lo exige la normativa vigente, como la Ley nº 30364 y su Reglamento. Esto implica investigar de manera célere, despojando el proceso de prejuicios o estereotipos machistas, esclareciendo los hechos y dictando oportunamente las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad física y psicológica de la denunciante.

Asimismo, hacemos un llamado urgente a las agrupaciones, empresas y empleadores del sector artístico para que asuman su responsabilidad de garantizar espacios de trabajo seguros para las mujeres. Es una obligación legal y ética contar con mecanismos de prevención, atención y sanción del hostigamiento y la violencia sexual en el ámbito laboral, sin tolerar ni encubrir este tipo de conductas.

Reiteramos que ninguna mujer debe ser blanco de estigmatización, hostilidad o represalias por denunciar hechos que atentan contra su dignidad y libertad sexual. Romper el silencio frente a la violencia exige gran valentía; por ello, el acceso efectivo a la justicia, la protección irrestricta de las víctimas y el respaldo del sistema de acceso a la justicia y la sociedad son pilares fundamentales de un verdadero Estado de derecho.