Gobierno debe cesar todo acto que limite la libertad de prensa

La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su función constitucional de defender los derechos fundamentales de la persona y la comunidad, cuestiona las limitaciones a los derechos a la libertad de prensa e información, acaecidas recientemente en nuestro país:

1. Las libertades de información, expresión y la proscripción de toda forma de censura previa son derechos expresamente consagrados en nuestra Constitución, cuya protección se encuentra reforzada debido al rol que cumplen en el sostenimiento de nuestra democracia y el control del poder. El Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han remarcado la importancia de estas libertades y señalado que constituyen frenos   para prevenir toda forma de gobierno autoritario. 
2. Acciones tales como impedir la presencia de los medios de comunicación en los actos oficiales del Gobierno (juramentación del gabinete ministerial,  transferencia de los cargos ministeriales, reconocimiento del presidente de la República como jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú); obstaculizar el libre despliegue de la prensa para cubrir actividades públicas (vacunación del presidente); y que se desconozca plenamente la agenda del primer mandatario, constituyen actos que contravienen las obligaciones dirigidas a materializar los derechos antes mencionados.
3. Igualmente grave, es que las nuevas autoridades del Ejecutivo, y en concreto, el presidente del Consejo de Ministros, desarrollen discursos contra los medios de comunicación. Imputarle a los medios una “actitud obstruccionista” no se condice con el perfil democrático que debe tener el portavoz del Gobierno. En el mismo sentido, es contrario a la Constitución el discurso violentista expuesto por un parlamentario oficialista contra los periodistas que cubrían una manifestación ciudadana. Tal discurso, además de atentar contra la libertad de expresión, colocó en riesgo la vida e integridad de los hombres y mujeres de prensa allí presentes.
4. Para asegurar el libre y efectivo ejercicio de los derechos a la libertad de expresión e información de la ciudadanía, es indispensable que los medios de comunicación puedan difundir todos los hechos noticiosos relacionados con la actuación del gobierno, en la medida que son asuntos de elevado interés público. 
5. Los hechos descritos constituyen un absoluto contrasentido para nuestro Estado constitucional, dado que es deber de todas las  autoridades garantizar y proteger derechos fundamentales. Las conductas descritas no solo son antidemocráticas, sino también constituyen vulneraciones flagrantes a la Constitución.  Por ello, resulta inaceptable que siendo el Gobierno quien debe garantizar las libertades de expresión e información en nuestro país, sea él quien las ponga en riesgo obstaculizando la libre circulación de información y, en definitiva, transgrediéndolas.

Por las razones expuestas, la Defensoría del Pueblo considera que el Gobierno debe actuar conforme Constitución y, en su rol de garante de derechos, facilitar la labor del periodismo, removiendo los obstáculos que limitan la pluralidad informativa y asegurando el ejercicio pleno de la libertad de prensa.