Inacción frente al hacinamiento en penales puede generar responsabilidad internacional para el Perú

• Corte y Comisión Interamericana han exigido adoptar acciones urgentes.
• Decreto Supremo sobre deshacinamiento, vía gracias presidenciales, es un paso importante pero insuficiente.

La crisis sanitaria originada por el COVID-19 coloca en grave riesgo la vida, integridad y salud de millones de peruanas y peruanos, en particular de quienes se encuentran en situación de riesgo como las personas privadas de libertad. Según informó hoy el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, en estos momentos hay 500 internos infectados y, lamentablemente, han fallecido 13 privados de libertad y cuatro agentes penitenciarios.

Al respecto, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, señaló que la inacción estatal o su falta de reacción oportuna puede conllevar responsabilidades internacionales para el país, dado que el Estado es el principal garante de los derechos fundamentales, en ese sentido recordó que: “La Convención Americana de Derechos Humanos establece con claridad que es responsabilidad de los Estados respetar derechos y garantizar su ejercicio” agregó.

Asimismo, subrayó que a nivel internacional tanto la Comisión Interamericana como la Corte han hecho públicas resoluciones y declaraciones en las que instan a los Estados a adoptar acciones de protección de derechos humanos con especial enfoque en los sectores vulnerables.

Sobre este punto, añadió que el doctor Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado con claridad en medios de comunicación que no adoptar acciones frente al hacinamiento penitenciario implica actuar de forma dolosa, pues se consiente la posibilidad de muerte de miles de personas.

Antes del inicio de esta emergencia, la Defensoría del Pueblo señaló que el hacinamiento carcelario afectaba los derechos humanos de los internas e internos y quienes los custodian, por ello advirtió la necesidad de adoptar acciones para prevenir que el COVID-19 cobrará la vida de múltiples personas, lamentablemente los decesos ya han ocurrido lo que puede generar eventuales demandas contra el Estado por parte de sus familiares.

Dada la obligación de proteger derechos humanos y evitar posibles responsabilidades nacionales e internacionales, el Defensor del Pueblo opinó que el Decreto Supremo que reforma el procedimiento de gracias presidenciales es un paso positivo hacia la reducción del número de privadas/os de libertad, pero insuficiente debido a que, según declaraciones del Ministro de Justicia y Derechos Humanos se prevé liberar a tres mil internos, cifra que representa un poco más del 3 % de la actual población penitenciaria. “En el Informe Especial N° 8, publicado el día de ayer, formulamos propuestas que de ser implementadas coadyuvaran al objetivo de deshacinar” anotó Gutiérrez.