Se aplicaron 2616 fichas de supervisión a comedores y 991 ollas comunes para evidenciar la situación que atraviesan estos espacios de protección social de carácter alimentario.

En nuestro país, los índices de pobreza se incrementaron considerablemente a partir de la pandemia ocasionada por la COVID-19, así se evidenció en el informe de pobreza monetaria del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), por cuanto en el 2023, la pobreza monetaria afectó al 29,0% de nuestra población, a diferencia del año 2019, periodo anterior a la pandemia, en donde alcanzó al 20,2%

Las ollas comunes carecen de apoyo municipal para infraestructura, mientras que los comedores PCA enfrentan brechas en rendición de cuentas y supervisión.

Se recomienda al MIDIS digitalizar registros y capacitar. A la Contraloría, auditar alimentos y supervisar fondos. A los Gobiernos Locales, garantizar logística y formalizar padrones.

Los comedores del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) y las Ollas Comunes son la línea de defensa final contra el hambre, en un contexto marcado por la pobreza y la vulnerabilidad. El objetivo de este estudio de la Defensoría del Pueblo (julio de 2025) fue evidenciar la situación real de estos centros, analizando su organización, su registro de beneficiarios y, sobre todo, la gestión de apoyo que reciben de las municipalidades. La supervisión fue de alcance nacional, abarcando 991 ollas comunes y 2,616 comedores del PCA, asegurando que el diagnóstico sea certero y fidedigno.

El problema central revelado por el informe es la insostenibilidad operativa de los centros de ayuda, a pesar de los esfuerzos comunitarios. El dato más alarmante, el 71% de las ollas comunes considera que los productos entregados por la municipalidad no son suficientes para preparar las raciones alimentarias de sus beneficiarios. La ayuda se queda en la comida pero no en atender las condiciones de vida dignas de los usuarios.

Un aplastante 95.4% de las ollas comunes y un 72.5% reportaron que las municipalidadesno realizaron acciones para mejorar su infraestructura ni su equipamiento, obligándolas a cocinar en condiciones precarias. Se confirma que casi un tercio (28.9%) de los beneficiarios de las ollas comunes son niños y adolescentes (de 0 a 17 años), la población que más requiere estabilidad alimentaria. El 43.2% de los comedores del PCA no realiza una rendición de cuentas formal a la municipalidad sobre el uso de los recursos, lo que abre una brecha de transparencia y fiscalización.

La supervisión establece conclusiones, pese a la ayuda estatal, el 52.4% de las ollas comunes debe gastar recursos adicionales (menos de 50 soles diarios) de su propio bolsillo para complementar la alimentación. Asimismo, el 91.1% de las ollas comunes supervisadas ya han “transitado” (se han formalizado) al Programa de Complementación Alimentaria, demostrando un compromiso ciudadano que debe ser respaldado; y, solo el 64.2% de los comedores del PCA fue supervisado por las municipalidades, lo que indica un control débil de los recursos públicos.

Entre las principales recomendaciones tenemos, las municipalidades deben aumentar inmediatamente la cantidad y calidad de productos entregados para cubrir el déficit reportado por las ollas comunes. También, deben exigir a las municipalidades la ejecución de presupuesto para mejorar el equipamiento e infraestructura de los centros, poniendo fin a la precariedad.

Las municipalidades deben establecer y hacer cumplir mecanismos de rendición de cuentas estandarizados en todos los comedores y ollas, especialmente en el 43.2% que no reporta formalmente. Por otro lado, el Midis debe consolidar el apoyo para las ollas comunes “transitadas” y asegurar su plena sostenibilidad dentro del PCA.

El valor de este informe defensorial es incalculable, por primera vez, se tienen datos concretos a partir de más de 3,500 encuestas, que revelan la ineficiencia del Estado en un problema de vida o muerte.