En enero de 2022, ocurrieron dos derrames de petróleo en el Terminal Multiboyas N° 2 de la refinería La Pampilla, operada por la Refinería La Pampilla S.A.A. Esto originó un desastre ambiental que viene afectando áreas naturales protegidas y otros ecosistemas marino costeros, así como actividades económicas que son el sustento de miles de familias; vulnerando y poniendo en continuo riesgo un conjunto de derechos humanos, como el derecho a gozar de un ambiente adecuado, y otros derechos asociados como el derecho al trabajo, a la salud y a la alimentación; derechos que deben ser protegidos por el Estado, así como por toda persona, natural o jurídica, pública o privada.

Los impactos ascienden a cerca de 16 mil hectáreas afectadas, que comprenden 46 playas (25 de uso recreacional), 2 áreas naturales protegidas ─la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras y la Zona Reservada de Ancón y, se calculó que cerca de 900 especímenes murieron.

En ese sentido, este informe representa el seguimiento defensorial a las recomendaciones efectuadas frente al derrame de Repsol en Ventanilla, a tres años, sobre avances, brechas y cumplimiento estatal.

Persistencia de impactos ambientales, sanitarios y sociales tras el derrame de petróleo en Ventanilla; débil respuesta estatal, ausencia de estándares técnicos y limitada reparación a las poblaciones afectadas.

El cumplimiento de las recomendaciones es mayoritariamente parcial. El Estado no ha garantizado la remediación integral ni la reparación adecuada. Persiste la vulneración de derechos.

• Al MINAM, Implementar Plan Multisectorial Marino-Costero, aprobar ECAs y valorar daños.
• Al MINEM, culminar evaluación de Planes de Rehabilitación e incorporar protocolos sociales.
• A la Dicapi/MINDEF, aprobar formalmente el Plan Nacional de Contingencia.
• A Serfor y Sernanp de aprobar protocolos específicos y destinar presupuesto para rescate de fauna.
• A Repsol de asumir responsabilidad plena, indemnización justa y reparación integral

El 15 de enero de 2022 en el Terminal Multiboyas n.° 2 de la Refinería La Pampilla, operada por el Grupo Repsol, se produjo uno de los desastres ambientales más graves en la historia del país: derrame de petróleo en la costa peruana, con cerca de 12 000 barriles vertidos al mar. Este desastre afectó más de 11 000 hectáreas, incluidas 62 playas, dos áreas naturales protegidas: la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras y la Zona Reservada de Ancón, así como el Área de Conservación Regional Humedales de Ventanilla.

Las consecuencias fueron devastadoras, porque se registró la muerte de más de 900 especímenes de fauna silvestre, entre ellos especies vulnerables y en peligro de extinción, mientras miles de familias, dedicadas a la pesca artesanal, la acuicultura, el comercio y el turismo, quedaron privadas de sus medios de vida. Tal situación viene vulnerando y poniendo en riesgo el goce efectivo de un conjunto de derechos humanos, como el derecho a gozar de un ambiente adecuado y otros derechos vinculados a este, como la salud, el trabajo, la alimentación de la población afectada.

Ocurrido este hecho, la Defensoría del Pueblo advirtió la falta de una respuesta oportuna y eficaz por parte del Estado, que careció de planes y protocolos adecuados, así como la actuación tardía e insuficiente de la empresa responsable, que no desplegó de manera inmediata las acciones de contención y limpieza. Estas deficiencias iniciales profundizaron la magnitud del daño ambiental y social, generando desconfianza ciudadana y retrasando la recuperación de las zonas impactadas. En este marco, la Defensoría del Pueblo emitió informes sucesivos (2022, 2023) para supervisar la actuación estatal, formular recomendaciones y exigir que Repsol asuma plenamente sus responsabilidades frente a uno de los desastres ambientales más graves de la región.

A tres años del desastre, la Defensoría del Pueblo, en ejercicio de su mandato constitucional, presenta un balance del estado actual de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes defensoriales de 2022 y 2023. El presente informe recoge los resultados del seguimiento documental realizado durante 2024 y de la reunión multisectorial convocada en febrero de 2025, en la que participaron las principales entidades competentes. Asimismo, incorpora un  análisis jurídico sobre el cumplimiento normativo de las acciones desplegadas. El objetivo central es evaluar los avances y brechas en la respuesta estatal frente al derrame, con el propósito de fortalecer la rendición de cuentas y la actuación interinstitucional en emergencias ambientales.

Entre los principales hallazgos se constató que la actualización del Plan Nacional de Contingencia, a cargo del Ministerio de Defensa y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, aún no ha sido aprobada formalmente; que Osinergmin ha culminado pericias técnicas e impuesto sanciones millonarias, pero la empresa responsable mantiene procesos judicializados; que el OEFA desplegó supervisiones, impuso multas coercitivas y exigió planes de rehabilitación ambiental, los cuales continúan en evaluación por el Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio del Ambiente aprobó la Ley de Declaratoria de Emergencia Ambiental y un Plan Multisectorial Marino-Costero, pero persisten vacíos normativos críticos, como la falta de estándares de calidad ambiental (ECA) específicos para sedimentos y aguas recreacionales.

En el ámbito sanitario, Digesa y las direcciones de salud regional y local mantuvieron la vigilancia centinela y recomendaron no usar 25 playas aún afectadas, aunque no existen registros clínicos consolidados sobre los impactos en salud física y mental de la población. Respecto a la seguridad alimentaria, Sanipes culminó una evaluación de riesgo en recursos hidrobiológicos y realizó fiscalizaciones en desembarcaderos y mercados pesqueros, pero no se adoptaron restricciones precautorias pese a evidencias de hidrocarburos en sedimentos. Imarpe, por su parte, efectuó campañas de monitoreo y concluyó su proyecto de evaluación biológica, confirmando la persistencia de contaminantes en diversas zonas, aunque sus hallazgos requieren articulación con otras entidades. Produce desplegó acciones de apoyo y formalización a pescadores, pero no implementó una estrategia integral de recuperación sostenible. En cuanto a la biodiversidad, Serfor y Sernanp realizaron rescates de fauna silvestre y aplicaron sanciones, aunque carecen de protocolos permanentes y presupuesto específico para responder a emergencias ambientales. En atención a lo antes señalado se recomienda al Ministerio del Ambiente implementar de manera prioritaria el Plan Multisectorial Marino-Costero, aprobar estándares de calidad ambiental pendientes y realizar un estudio de valoración económica de daños; al Ministerio de Energía y Minas, culminar la evaluación de los planes de rehabilitación ambiental e incorporar protocolos sociales y humanitarios; a la Dicapi y al Ministerio de Defensa, aprobar sin más dilación el Plan Nacional de Contingencia; a Sanipes, Imarpe y Produce, adoptar medidas precautorias sobre la pesca artesanal y garantizar información clara a la ciudadanía; a Serfor y Sernanp, aprobar protocolos específicos y destinar recursos estables para rescate de fauna silvestre; y a la empresa Repsol, asumir su plena responsabilidad, indemnizar de manera justa a los afectados y ejecutar una reparación integral de los daños ocasionados.