La Defensoría del Pueblo durante los 30 años de vida institucional y en el marco de su mandato constitucional ha participado en la supervisión de los procesos electorales. En este proceso de Elecciones Generales 2026 se planteó un reto sin precedentes, la supervisión de la totalidad de locales de votación instalados, a nivel nacional, para lo cual desplegó a 12,324 supervisores entre Comisionados Electorales, Voluntarios Comisionados Supervisores y Voluntarios de Promoción de Derecho.

En este marco, la supervisión de los procesos electorales constituye una labor esencial para asegurar que el derecho fundamental al sufragio sea ejercido en condiciones de libertad, igualdad y transparencia. El presente «Informe de Supervisión de las Elecciones Generales 2026» es el resultado de un despliegue nacional masivo de comisionados y voluntarios de la Defensoría del Pueblo, destinado a verificar la actuación de los organismos que integran el Sistema Electoral, las incidencias durante el proceso electoral y el comportamiento de las organizaciones políticas, garantizando que la voluntad ciudadana sea respetada.

El proceso evidenció diversas dificultades en la actuación y coordinación de los organismos del sistema electoral, así como incidencias durante la jornada de votación que pusieron en cuestionamiento la eficiencia operativa, la transparencia y la confianza ciudadana en el desarrollo del proceso electoral.

Frente a este escenario, resulta necesario identificar, sistematizar y analizar las principales incidencias registradas durante las Elecciones Generales 2026, con el fin de formular recomendaciones concretas que contribuyan al fortalecimiento del sistema electoral y a la mejora de los mecanismos de supervisión de cara a los próximos comicios.

El informe de supervisión de las Elecciones Generales 2026 concluye que no existen pruebas de fraude electoral; sin embargo, evidenció serias deficiencias en la coordinación, capacitación y comunicación entre la ONPE y el JNE, lo que ocasionó retrasos en la instalación de mesas, problemas técnicos y desconfianza ciudadana. Asimismo, se identificaron incidencias relacionadas con la accesibilidad, el funcionamiento del sistema tecnológico STAE y hechos de tensión durante la jornada electoral. El documento recomienda fortalecer la transparencia, la capacitación del personal, la coordinación institucional y las estrategias para promover la participación ciudadana y garantizar procesos electorales más eficientes, confiables y legítimos.

Las recomendaciones del informe plantean reformas y acciones dirigidas al Congreso, el Poder Ejecutivo, el JNE y la ONPE para fortalecer la organización y transparencia de los procesos electorales. Entre las principales medidas destacan mejorar las condiciones de instalación de mesas de sufragio, reducir el tiempo máximo para su apertura, reforzar la seguridad y logística electoral con apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía, así como investigar y sancionar las responsabilidades administrativas detectadas. Asimismo, se propone fortalecer la capacitación de fiscalizadores, coordinadores y miembros de mesa, mejorar la coordinación entre organismos electorales y garantizar una mejor distribución del material electoral. Finalmente, se recomienda suspender temporalmente el uso del sistema tecnológico STAE en la segunda elección presidencial debido a las deficiencias operativas evidenciadas durante la primera vuelta.