Defensoría del Pueblo: Municipalidades deben fundamentar con evidencias concretas medidas que adopten para combatir la inseguridad ciudadana
2:40 pm 14/04/2023

Ante diversas propuestas hechas, de público conocimiento, por distintos alcaldes de Lima Metropolitana, sobre sancionar la actividad ambulatoria del lavado de parabrisas de vehículos, como una respuesta contra la delincuencia, la Defensoría del Pueblo manifiesta lo siguiente:
- La problemática de la inseguridad ciudadana requiere del diseño, elaboración y ejecución de políticas públicas y estrategias que sean eficaces y eficientes para reducir los índices de victimización y percepción de la criminalización. Para ello es indispensable partir de diagnósticos e indicadores objetivos sobre el problema público, identificando las causas de las conductas ilícitas o los factores de riesgo que afectan o puedan poner en riesgo los derechos de la población, así como focalizando las zonas o jurisdicción donde se desarrolla el delito. Así, es posible implementar medidas de carácter preventivo y reactivo, de forma planificada y con metas a corto, mediano o largo plazo.
- Respecto del rol de los alcaldes en materia de seguridad ciudadana, la Ley n.° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su reglamento, estipula que les corresponde presidir los comités de seguridad ciudadana, los cuales son espacios multisectoriales conformados por representantes de los sectores público y privado, los mismos que deben servir tomar decisiones integrales articuladas, transversales y con un enfoque de derechos humanos.
- Si bien la Ley Orgánica de Municipalidades faculta a los gobiernos locales a regular y llevar a cabo acciones de fiscalización, control y sanción en distintos ámbitos y materias, toda actuación pública debe ejercerse respetando las normas previstas en la Constitución Política y los derechos fundamentales de las personas, y en particular los diversos principios que rigen las actividades de la Administración pública, como los de legalidad, debido procedimiento, predictibilidad, taxatividad, proporcionalidad y de igualdad y no discriminación. Así, toda medida de política pública adoptada por una autoridad pública debe estar adecuadamente fundamentada, esto es, que debe estar basada en información comprobable y en los datos estadísticos disponibles, de modo tal que la decisión pueda ser evaluada por la comunidad y las autoridades con competencias de supervisión y control.
- Cabe indicar que la privación de la libertad de una persona solo puede darse por una orden judicial o en supuestos expresamente establecidos en la normatividad peruana. Asimismo, debe recordarse que el Estado peruano, en sus distintos niveles de gobierno, se encuentra obligado de impulsar la inserción laboral de toda la población, incluida la extranjera, de conformidad con la Política Nacional Migratoria 2017-2025 y con los estándares internacionales de protección de derechos humanos.
- La Defensoría del Pueblo, de conformidad con sus competencias y atribuciones constitucionales, se mantendrá atenta supervisando el correcto cumplimiento de los deberes de la administración estatal, en protección y defensa de los derechos de las personas y la colectividad.
