Un país sin corrupción
- Diagnóstico preliminar del marco de la lucha contra la corrupción y los sistemas de control
En la lucha frontal contra la corrupción, cuando los sistemas de control preventivo y concurrente, tanto en los órganos de gestión como en la administración de políticas y administración de recursos públicos, se vuelven ineficaces y presentan serias deficiencias, se hace necesaria la intervención de un control posterior. Este control, enfrentando hechos consumados y perjuicios irreparables, debe demostrar una eficacia rigurosa para que, con oportunidad y credibilidad, sancione a los responsables de actos corruptos.
Dado que los sistemas de control preventivo y concurrente resultan ineficaces en todas las entidades del Estado, la corrupción se extiende tanto a los ámbitos de gasto corriente como a los de obra pública. Esto genera un entorno propicio para la proliferación de la corrupción a nivel sistémico, que se perpetra impunemente en contra de la población usuaria. Esta situación origina la falta de credibilidad de la ciudadanía en sus autoridades, a las que no se les reconoce mayor o ninguna autoridad moral significativa. Como consecuencia, se produce ingobernabilidad y una pésima gobernanza, impidiendo que los bienes y servicios públicos satisfagan de manera adecuada los derechos humanos de toda la población.
En este contexto, cuando se habla de control posterior ante hechos de corrupción consumados y con daños irreparables, se hace referencia al sistema de justicia en su conjunto. En ese sentido, el Ministerio Público y el Poder Judicial desempeñan un papel fundamental para enfrentar y sancionar la corrupción. La infiltración de la corrupción en las cúpulas del poder político y social pone en riesgo nuestro sistema democrático de gobierno basado en el equilibrio de poderes. Presidentes, congresistas, ministros y altos funcionarios se encuentran presuntamente involucrados en flagrantes actos de inmoralidad y corrupción, guiados por intereses particulares con escasa inclinación hacia el bien común. Esta situación proyecta una imagen alarmante de un aparato estatal atrapado por las sombras del crimen organizado, amenazando la integridad de las instituciones y la cohesión social.
La corrupción destruye conciencias de bien, pervierte, humilla, agrede y, si concentra poder, acumula riqueza mal habida, empobrece a la mayoría y aplasta al que se le oponga.
La situación es grave y necesita una respuesta cuyos resultados no se verán en el corto plazo, pero su acción sostenida dará resultados innegables del mediano al largo aliento.
La Defensoría del Pueblo, consciente de la grave amenaza que representa la corrupción para la integridad y estabilidad de la nación, emprenderá, a partir de este diagnóstico preliminar, una serie de supervisiones, con un enfoque inicial en los órganos de control. El propósito de estas supervisiones es examinar de manera sistemática cada gestión y administración, con el fin de corroborar hipótesis de trabajo, aproximarnos a las causas y su funcionamiento; asimismo, las deficiencias en la lucha contra la corrupción, comenzando por el Poder Judicial y el Ministerio Público.