Misión de la DefensorÃa del Pueblo
Defender y promover los derechos de las personas y la comunidad, con autonomÃa y énfasis en los grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad, mediante la supervisión al cumplimiento de las obligaciones del Estado.
La esencia institucional
El nacimiento del Ombudsman o Defensor del Pueblo se remonta a más de 200 años atrás en Suecia, en donde surgió como una entidad de origen parlamentario con el encargo de velar por la buena administración pública en favor de la ciudadanÃa.
La DefensorÃa del Pueblo en el Perú fue creada por la Constitución PolÃtica de 1993, como un organismo constitucionalmente autónomo, para defender los derechos fundamentales, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, asà como la eficiente prestación de los servicios públicos en todo el territorio nacional.
La DefensorÃa atiende -en todo el paÃs- quejas, consultas y pedidos de ciudadanos que, por alguna causa, han experimentado la vulneración de sus derechos. No desempeña funciones de juez o fiscal ni sustituye a autoridad alguna. No dicta sentencias, no impone multas ni sanciones. Elabora informes con recomendaciones o exhortaciones a las autoridades, cuyo cumplimiento encuentra sustento en su poder de persuasión y en la fortaleza de argumentos técnicos, éticos y jurÃdicos.
La DefensorÃa del Pueblo es, pues, un colaborador crÃtico del Estado que actúa, con autonomÃa, respecto de cualquier poder público o privado, en nombre del bien común y en defensa de los derechos de la ciudadanÃa. En razón de ello, ejerce su mandato con objetividad, profesionalismo y responsabilidad, nunca por oposición arbitraria o injustificada frente al Estado.
En razón de su legitimidad, resulta vital que los ciudadanos y ciudadanas perciban y sientan a la DefensorÃa del Pueblo como una institución no solo cercana, sino entrañablemente comprometida con la solución de sus problemas.
