Misión de la Defensoría del Pueblo
Defender y proteger los derechos fundamentales de las personas, con énfasis de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad; a través de la supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración pública y la adecuada prestación de servicios; de la gestión de los conflictos sociales; con una actuación autónoma, con un enfoque territorial e inclusivo, con pertinencia cultural y con un equipo profesional comprometido en la defensa de los derechos humanos y el bienestar social.
- Marco Legal
- Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo – Ley n.º 26520
Modificatoria a Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo – Ley n.º 29882
Ley n° 32028 – Ley que modifica la Ley n.º 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo para Promover su Fortalecimiento Institucional - Organigrama
La esencia institucional
El nacimiento del Ombudsman o Defensor del Pueblo se remonta a más de 200 años atrás en Suecia, en donde surgió como una entidad de origen parlamentario con el encargo de velar por la buena administración pública en favor de la ciudadanía.
La Defensoría del Pueblo en el Perú fue creada por la Constitución Política de 1993, como un organismo constitucionalmente autónomo, para defender los derechos fundamentales, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, así como la eficiente prestación de los servicios públicos en todo el territorio nacional.
La Defensoría atiende -en todo el país- quejas, consultas y pedidos de ciudadanos que, por alguna causa, han experimentado la vulneración de sus derechos. No desempeña funciones de juez o fiscal ni sustituye a autoridad alguna. No dicta sentencias, no impone multas ni sanciones. Elabora informes con recomendaciones o exhortaciones a las autoridades, cuyo cumplimiento encuentra sustento en su poder de persuasión y en la fortaleza de argumentos técnicos, éticos y jurídicos.
La Defensoría del Pueblo es, pues, un colaborador crítico del Estado que actúa, con autonomía, respecto de cualquier poder público o privado, en nombre del bien común y en defensa de los derechos de la ciudadanía. En razón de ello, ejerce su mandato con objetividad, profesionalismo y responsabilidad, nunca por oposición arbitraria o injustificada frente al Estado.
En razón de su legitimidad, resulta vital que los ciudadanos y ciudadanas perciban y sientan a la Defensoría del Pueblo como una institución no solo cercana, sino entrañablemente comprometida con la solución de sus problemas.
