Por diversas circunstancias, algunas personas abandonan sus países de origen para residir —de manera temporal o permanente— en un país distinto al suyo con la intención de buscar nuevas oportunidades o distintas condiciones de vida.

Conocidos como migrantes internacionales, estas personas conforman un grupo de especial atención, en primer lugar, debido a las políticas restrictivas que por lo general obstaculizan su proceso migratorio. En razón de ello, una significativa parte de migrantes suele hallarse en situación irregular, colocándose en un plano de desigualdad frente a los nacionales del país de destino, en mayor vulnerabilidad frente a condiciones informales y abusivas de empleo, prácticas de discriminación y xenofobia, e incluso ante las redes de trata y tráfico de migrantes.

En opinión de la Defensoría del Pueblo, el Estado tiene la obligación de:

• Evaluar y atender las causas que originan la salida de estas personas.
• Establecer mecanismos que faciliten su proceso migratorio de manera ordenada y segura.
• Optimizar la coordinación interinstitucional para atender esta problemática, a fin de que no solo los nacionales sean destinatarios de la protección estatal cuando se encuentren fuera del país, sino también los extranjeros residentes en el Perú, recibiendo el mismo trato en derechos, sin discriminación.