En las últimas décadas, nuestro país ha experimentado avances económicos muy importantes; no obstante, amplios segmentos de la población, sobre todo en ámbitos rurales de la sierra y la amazonía, continúan enfrentando niveles persistentes de pobreza, acceso insuficiente a servicios básicos y reducidas oportunidades de movilidad social.

En ese sentido, el sistema sanitario peruano, entendido como el conjunto de instituciones, políticas y servicios destinados a la promoción de la salud, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación; si bien, en las últimas décadas se han registrado avances en cobertura y en la ampliación de la oferta asistencial, aún persisten desafíos significativos en materia de equidad, calidad y acceso; particularmente en zonas alejadas y entre poblaciones vulnerables (Ministerio de Salud del Perú, 2020). Estas limitaciones estructurales condicionan la efectividad del derecho a la salud y requieren enfoques territoriales que atiendan las desigualdades socioeconómicas y geográficas.

A nivel internacional, la OMS y la OPS sostienen que la salud es un derecho humano fundamental y que los Estados deben garantizar el acceso universal y no discriminatorio a los servicios sanitarios de calidad, abordando los determinantes sociales de la salud.

• El sistema de salud está fragmentado en subsectores, y entre competencias nacionales y regionales, que agravan las ineficiencias en la planificación e inequidades en la prestación y acceso desigual a la atención en salud.
• Desarticulación entre el presupuesto asignado, las necesidades de salud reales y la garantía de la continuidad, oportunidad y calidad al recibir atención sanitaria.
• Elevado gasto en planilla, el mismo que representa el 66.5 % del Presupuesto Institucional Modificado.
• Carencia de autonomía financiera y presupuestal de los hospitales pertenecientes al Pliego del Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior.
• Existencia de deudas acumulada del Sistema Integral de Salud con los hospitales del nivel III- 1, correspondiente al periodo 2019 a 2023.
• Brecha estructural de recursos humanos en salud que compromete la operatividad de los servicios de salud.
• Inestabilidad laboral del recurso humano en salud contratado por CAS y por terceros.
• Infraestructura hospitalaria envejecida y vulnerable, en estado crítico de conservación, donde fachadas, paredes, techos y pisos presentan deterioro generalizado.
• Deficiencias en la seguridad estructural y débil gestión del riesgo al no contar con diagnósticos de vulnerabilidad sísmica, así como los planes de reducción de riesgos ante sismos de gran magnitud.

• Reestructurar el modelo de atención hospitalaria bajo el enfoque de Redes Integradas de Salud (RIS).
• Optimizar la asignación, ejecución y evaluación del gasto público hospitalario.
• Fortalecer los servicios críticos y estratégicos para la atención especializada.
• Actualizar e implementar estrategias integrales de ecoeficiencia hospitalaria y gestión del riesgo de desastres.
• Ejecutar un plan nacional de recuperación y modernización de infraestructura hospitalaria pública.
• Establecer un sistema nacional de monitoreo y evaluación de la gestión hospitalaria.
• Elaborar un plan nacional de renovación hospitalaria con enfoque territorial y resiliente.