Tiene como función principal la defensa y promoción de los derechos en el ámbito de la gestión pública, a través de la supervisión de las áreas de funcionamiento del Estado, tales como laboral y previsional, identidad, personas adultas mayores, gestión del riesgo de desastres, así como de los servicios públicos de agua y alcantarillado, electricidad, telefonía y transporte público, entre otros.