Nuestro país cuenta con un sistema sanitario conformado por un conjunto de instituciones, políticas y servicios destinados a la promoción de la salud, prevención de enfermedades, tratamiento y rehabilitación de la población enferma; y a lo largo de las últimas décadas, si bien es cierto, se ha logrado avances significativos en la expansión de la cobertura de salud, aún se enfrenta diversos desafíos en términos de equidad, calidad y acceso a los servicios, especialmente en las zonas rurales y en poblaciones vulnerables (Ministerio de Salud del Perú, 2020).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) desde un enfoque integral, equitativo y centrado en los determinantes sociales de la salud, sostienen que esta, constituye un derecho humano fundamental y no un privilegio; lo que implica que los Estados tienen la obligación de garantizar un acceso equitativo y universal a servicios de salud de calidad y libres de discriminación; pero la reciente crisis sanitaria provocada por la COVID 19 evidenció de manera contundente las debilidades estructurales del sistema de salud peruano, tales como su fragmentación, limitada capacidad de respuesta, deficiencias en la calidad de la atención, carencias en equipamiento e insumos, y una infraestructura inadecuada. Estas falencias no solo agravaron la emergencia sanitaria, sino que también profundizaron los impactos en los ámbitos económico, político y social.

En esta misma línea, la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030, denominada “Perú País Saludable” (Presidencia de la República, 2020), identifica entre las causas directas de la problemática sanitaria a la limitada cobertura y el insuficiente acceso de la población a servicios integrales de salud; esta situación genera una alta carga de años de vida perdidos por causas evitables, y como consecuencia, un incremento sostenido en el gasto en salud.

Estas condiciones llevaron a la Defensoría del Pueblo a desarrollar acciones de supervisión a once (11) establecimientos de salud especializados de nivel III-E y III-2 de Lima y regiones; y los resultados se encuentran estructurados de acuerdo con los siguientes objetivos: 1) Analizar los avances en la accesibilidad, disponibilidad, adaptabilidad y calidad de los servicios de salud. 2) Analizar el proceso del financiamiento, gestión y gobernanza de los hospitales y 3) Analizar la capacidad prestacional de los servicios de salud en los hospitales.

• Inadecuada programación presupuestal por parte del Ministerio de Economía y Finanzas otorgando techos presupuestales que no garantizan la prestación de los servicios de salud durante el ejercicio anual en los hospitales del nivel III-E y III-2.
• Elevado gasto en planilla en los hospitales del nivel III- E y III-2 que representa el 72.3 % del Presupuesto Institucional Modificado; y en el caso de los hospitales de los Gore corresponda hasta un 87.4 %.
• Brecha crítica de recursos humanos concentrada en hospitales del nivel III-E y III-2 lo cual compromete la operatividad de servicios de salud.
• Obsolescencia estructural y precariedad de la infraestructura hospitalaria pública para las personas con discapacidad (PcD).
• Más del 60 % de los hospitales no cuenta con diagnósticos de vulnerabilidad sísmica implementado, así como el plan de reducción de riesgos ante sismos de gran magnitud, lo que refleja una débil preparación institucional.
• El sistema de sanitario no cuenta con una historia clínica interoperable. Cada hospital tiene sistemas de historia clínica digital propios, con una débil integración de los sistemas de información y limitada articulación entre niveles de atención.
• Servicios de apoyo diagnóstico, farmacia y banco de sangre en situación crítica por contar con equipos inoperativos y falta de los mismos. Asimismo, carencia de personal especializado.
• Limitada dispensación de recetas médicas tanto en las farmacias ambulatorias como en las de emergencia.
• Limitada disponibilidad de equipamiento crítico en los servicios de emergencia para un diagnóstico precoz y tratamiento de estabilización oportuno.
• Brecha en la capacitación del personal de salud en temas vinculados a la atención de población vulnerable: hablantes de lenguas originarias, víctimas de violencia, personas con discapacidad y personas adultas mayores.
• Insuficiente enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad en la prestación de servicios.

Al Poder Ejecutivo:

1. Ministerio de Salud

• Reestructurar el modelo de atención hospitalaria bajo el enfoque de Redes Integradas de Salud (RIS).
• Fortalecer los servicios críticos y estratégicos para la atención especializada.
• Optimizar la asignación, ejecución y evaluación del gasto público hospitalario.
• Revisar los cuadros de asignación de personal en los hospitales que superan el 20 % de personal administrativo, priorizando personal asistencial.
• Disponer intervenciones inmediatas en hospitales con estado crítico de conservación.
• Fiscalizar y garantizar la implementación de infraestructura accesible para personas con discapacidad en todos los hospitales de Nivel III.
• Implementar la Historia clínica electrónica interoperable, así mismo impulsar inversiones en conectividad digital hospitalaria, asegurando internet y plataformas de telemedicina en todos los hospitales.
• Incorporar metas de ecoeficiencia y resiliencia hospitalaria en la planificación nacional vinculada a los ODS.

2. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

• Descentralizar criterios de asignación presupuestal para reducir inequidades entre Lima Metropolitana y regiones.
• Fortalecer la gestión financiera hospitalaria para reducir la brecha entre el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

Al Poder Legislativo:

• Aprobar un marco normativo integral para la reestructuración del sistema nacional de salud.
• Fiscalizar de manera efectiva la implementación de la política de RIS y la reducción de brechas hospitalarias.
• Garantizar presupuesto multianual estratégico para hospitales en regiones con mayor vulnerabilidad.
• Garantizar estabilidad laboral en áreas críticas mediante el fortalecimiento del régimen CAS indeterminado y nombramientos progresivos

A los Gobiernos Regionales:

• Implementar territorialmente el modelo de RIS
• Fortalecer los servicios críticos y estratégicos para la atención especializada.

A los Gobiernos locales y unidades ejecutoras (Direcciones de Redes Integradas de Salud, hospitales)

• Operativizar la integración funcional de hospitales al modelo RIS.
• Consolidar los servicios hospitalarios estratégicos con enfoque territorial.
• Adoptar prácticas de ecoeficiencia y gestión de riesgo desde la gestión hospitalaria.
• Ejecutar de manera eficiente y transparente los recursos asignados