Defensoría del Pueblo: universidades e institutos de educación superior deben disponer de intérpretes de lengua de señas para acceso de estudiantes sordas/os

- Estudiantes sordas/os que ingresaron mediante examen de admisión se ven impedidos de acceder a las clases por falta de intérpretes.
La Defensoría del Pueblo advierte que se viene vulnerando el derecho a la educación de las personas sordas ante el incumplimiento de obligaciones de universidades e institutos de disponer el servicio de intérpretes de lengua de señas peruana durante los procesos de admisión y el dictado de clases. Ello, tras una reunión con estudiantes sordas/os que ingresaron mediante examen de admisión y que ahora se ven impedidos de acceder a las clases debido a la falta de los referidos intérpretes y de adaptaciones metodológicas que deberían ser implementadas para la atención a sus necesidades educativas.
El Mecanismo Independiente encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por el Estado peruano (MICDPD) designado en la Defensoría del Pueblo indicó que en el país las personas sordas enfrentan barreras para acceder a una educación de calidad, tanto en la educación básica como en la educación superior. Precisó que debido a estas carencias muchas/os estudiantes se ven obligados a abandonar los estudios.
En ese sentido, se precisa que la Ley Universitaria, así como la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, establecen la necesidad de implementar adaptaciones en todos los servicios que brindan la entidades educativas superiores, a efectos de lograr la plena inclusión de personas con discapacidad en las comunidades universitarias; además, ello implica la disponibilidad de intérpretes de lengua de señas calificados, adaptaciones curriculares y metodológicas, debidamente articuladas e implementadas con el asesoramiento de los servicios de apoyo educativo que deben tener todas las instituciones que oferta el servicio educativo.
Entre los casos presentados por los estudiantes, se encuentra el de Jheover Rojas quien ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal en el último proceso de admisión de abril pasado, sin embargo, aún no cuenta con intérpretes de lengua de señas durante las clases. Asimismo, el caso de Brenda Asto, quien postuló a la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aun cuando solicitó oportunamente el servicio de intérprete de lengua de señas para el día del examen de admisión, la universidad no cumplió con este ajuste razonable, impidiéndosele la participación en igualdad de condiciones a través del concurso de admisión.
También están los casos de Dann Ticona y Dafne Neyra, quienes estudian la carrera de educación primaria en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público María Madre del Callao, donde no se ha cumplido con la contratación de intérpretes de lengua de señas por parte de la Dirección Regional de Educación del Callao. Asimismo, Muriel Haro, estudiante de diseño gráfico del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público María Rosario Araoz Pinto del distrito de San Miguel, cuenta con un solo intérprete lengua de señas peruana, cuando se requieren dos intérpretes como mínimo en función del transcurso de una jornada educativa.
De acuerdo con la información recibida por el Ministerio de Educación, en 2022 se registraron 5658 estudiantes con discapacidad matriculados en el sistema universitario, una cifra menor en relación con el año 2021, en donde se registraron 7210, lo que implica una suerte de despreocupación por garantizar la permanencia de la referida población vulnerable en el uso del servicio educativo universitario.
El MICDPD exige que la Sunedu y el Conadis pongan en práctica una estrategia de supervisión constante respecto del acceso y permanencia de personas sordas en el sistema educativo superior; exige también al Minedu desarrollar lineamientos vinculados con la implementación administrativa de ajustes razonables en razón de su rol como garante de la población con discapacidad que hace uso del servicio educativo superior.
