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Defensoría del Pueblo: urge ejecución de gasto en inversión de obras de protección para hacer frente posibles lluvias intensas y eventos asociados

3:15 pm 24/08/2023

  • Solo se registra un avance del 26 %.
  • La probabilidad de lluvias en la costa norte, encontrarían en riesgo muy alto a 131 761 personas por movimientos en masa y 485 144 por inundaciones.

Al término de una supervisión realizada a las inversiones ejecutadas por los tres niveles de gobiernos en relación a las obras de prevención y reducción del riesgo del riesgo de desastres en el país, la Defensoría del Pueblo concluyó que solo se ha registrado el uso de un 26 % del presupuesto asignado para hacer frente a las lluvias intensas y eventos asociados.

Como se sabe, el Gobierno nacional asignó S/ 484 964 102 para la ejecución de inversiones vinculadas con defensas ribereñas, construcción de muros de contención, mejoramiento y ampliación de servicios de protección contra inundaciones, instalación de servicios de protección de áreas agrícolas, servicios de drenaje pluvial, servicios de sistema de alerta temprana, entre otros, cuyo avance de ejecución del gasto al 24 de agosto del presente año es S/ 152 719 369 (31 %).

Frente a ese panorama, la Defensoría del Pueblo recomienda ejecutar con oportunidad, eficacia y eficiencia, los fondos públicos destinados a las obras y medidas que permitan garantizar la seguridad e integridad de la población que radica en las zonas que suelen ser más afectadas. Se estima que la probabilidad de lluvias en la costa norte representaría el riesgo de al menos 131 761 personas por movimientos en masa y 485 144 por inundaciones.

Corresponde a las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) asignar recursos para el desarrollo de actividades y proyectos vinculados a enfrentar los desastres naturales a través del Programa Presupuestal 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, como el fenómeno El Niño (FEN), lluvias, inundaciones, deslizamientos, sequias, bajas temperaturas, entre otros eventos.

La Defensoría del Pueblo ha comprobado que, para la ejecución de las inversiones detalladas anteriormente los gobiernos regionales asignaron S/ 378 338 709, mientras que los gobiernos locales S/ 445 141 849; no obstante, a cuatro meses de concluir el año fiscal registran una ejecución del gasto del 22 % y 25 %, respectivamente, lo cual pone en riesgo el desarrollo de medidas estructurales de reducción de riesgos en las zonas expuestas a las lluvias intensas y eventos asociados.

En los tres niveles de gobierno se reporta para el presente año, más de 800 inversiones que comprende proyectos de inversión, Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de. Reposición (IOARR), programas e inversiones de reconstrucción en el marco del programa presupuestal 0068, de los cuales 162 se encuentran a cargo del Gobierno nacional, 124 de los regionales y 586 de las autoridades municipales.

“Siendo el Perú altamente vulnerable ante el impacto de los peligros naturales, es responsabilidad de los tres niveles de gobierno la ejecución de intervenciones orientadas a evitar la generación de riesgos de desastres o reducir el peligro a través de las inversiones y las actividades vinculadas con la gestión del riesgo de desastres, en cumplimiento de la Ley 29664”, precisó la defensora adjunta para la Administración Estatal, Eugenia Fernán-Zegarra.

Asimismo, la representante de la Defensoría del Pueblo recalcó que, de acuerdo al Cenepred, ante la probabilidad de lluvias en la costa norte (Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad), para los meses de agosto – octubre 2023, se han identificado un total 131 761 personas, 35 320 viviendas, así como 108 establecimientos de salud y 1025 instituciones educativas con probabilidad de riesgo muy alto por movimientos en masa. Asimismo, se estima 485 144 personas, 123 528 viviendas, así como 235 establecimientos de salud y 826 instituciones educativas, con probabilidad de muy alto riesgo por inundaciones.

La institución continuará supervisando las intervenciones de los tres niveles de gobiernos orientadas al desarrollo de inversiones vinculadas con la gestión del riesgo de desastres, con énfasis en las de protección ante el FEN y el periodo de lluvias y eventos asociados, en salvaguarda de la vida de la población y sus medios de vida.