Informe Defensorial n.º 004-2023-DP/ADM:
Supervisión de la Implementación de la Ley N.º 31155: Acoso político contra las mujeres. ID 202
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Introducción
La participación política de las mujeres fue promovida a través de la paridad en las listas electorales; sin embargo, se identificó que muchas de ellas sufrían diversas formas de acoso, tanto durante los procesos de elección; como en el ejercicio de sus funciones de representación. Por ello, este informe busca evaluar la implementación de la Ley n.°31155, ley que sanciona el acoso político contra las mujeres, las responsabilidades sectoriales, así como los principales desafíos de la adecuada implementación de la norma.
Dicha norma no cuenta con reglamento, y el aspecto sancionatorio se encuentra clara en la propuesta, por lo cual requiere mejorar su redacción, a fin de que realmente sirva para la prevención y sanción de casos de acoso político.
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Problemática
La participación política de las mujeres ha pasado de la aplicación de cuotas a la paridad, lo cual ha impactado favorablemente tanto en el número de candidaturas, como en los resultados finales. No obstante, permanece la situación del encabezamiento de listas a cargo de un varón, lo que limita la elección final de una mujer (23 vicegobernadoras). Esta situación evidencia la necesidad de la alternancia desde el encabezamiento de las listas.
A dos años de la publicación de la Ley n.°31155 aún no ha sido reglamentada, los sectores incumplen con sus responsabilidades sectoriales, y los partidos políticos no han incluido en sus estatutos procedimientos para la prevención y atención del acoso político.
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Principales conclusiones
No se cuenta con herramientas que permitan la implementación de la Ley n.° 31155. El MIMP no ha emitido un protocolo interinstitucional que posibilite y facilite la denuncia y protección de las víctimas, así como la sanción de los agresores.
El JNE ha determinado la imposibilidad de regular las sanciones introducidas en la citada ley, pues el nivel de involucramiento, más allá del proceso de elecciones, requiere la modificación de su ley orgánica, y tampoco ha estipulado medidas paralelas que faciliten la atención de estos casos.
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Principales recomendaciones
Al Congreso de la República, evaluar la modificación de la Ley 31155, para reforzar sus alcances y favorecer su adecuada implementación; especialmente en cuanto a la competencia del Jurado Nacional de Elecciones.
Al MIMP, contar con un cronograma de asistencias técnicas a los gobiernos regionales y locales, para que adopten la normativa necesaria en la prevención y sanción del acoso político.
Al JNE, regular lineamientos y procedimiento de atención y derivación de casos de acoso político, para atender de manera integral esta grave problemática.
A los gobiernos regionales y locales, reiterar la recomendación de aprobar normas y políticas, o adecuarlas, en el ámbito de sus competencias para identificar, prevenir, atender y sancionar el acoso contra las mujeres en la vida política.
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Síntesis
En este informe se presentan los resultados de la supervisión sobre la implementación de la Ley n.° 31155 la cual previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política. Se evidencia que, a pesar de la aplicación de la paridad y alternancia en las Elecciones Regionales y Municipales de 2022 (ERM), a nivel de las autoridades aún no se ha logrado una representación equitativa debido a la persistencia de estereotipos de género que se manifiestan a través de los constantes hechos de acoso político.
La participación política de las mujeres fue promovida a través de la paridad en las listas electorales; sin embargo, se identificó que muchas de ellas sufrían diversas formas de acoso, tanto durante los procesos de elección como en el ejercicio de sus funciones de representación. Por ello, este informe analiza la implementación de la Ley n.° 31155, las responsabilidades sectoriales, así como los principales desafíos de la adecuada implementación de la norma.
Cabe señalar que, dicha norma no cuenta con reglamento y presenta algunos vacíos que deben ser subsanados, por lo que carece de una ruta clara de atención de casos. Sobre este punto existen, al menos, dos escenarios a regular con características distintas y que deben ser atendidos por canales diferentes. El primero está referido a la ocurrencia de estos hechos durante los procesos electorales o de revocatoria, ámbito donde el Jurado Nacional de Elecciones tiene la competencia de sancionar; y, el segundo, abarca a las autoridades electas o designadas, en el desempeño de sus actividades funcionales; espacio en el cual no se ha determinado una entidad encargada de este proceso.
Además, el aspecto sancionatorio no está claro, por lo que es necesario mejorar su redacción, a fin de que realmente sirva para la prevención y sanción de casos de acoso político a nivel nacional.
Es así que, la participación política de las mujeres ha pasado de la aplicación de cuotas a la paridad, y esto ha impactado favorablemente tanto en el número de candidaturas, como en los resultados finales. No obstante, aún las listas encabezan los varones, lo que limita la elección final de una mujer (23 vicegobernadoras). Esta situación evidencia la necesidad de la alternancia desde el encabezamiento de las listas.
A dos años de la publicación de la Ley n.° 31155 sobre acoso político esta norma no ha sido aún reglamentada, los sectores no vienen cumpliendo sus responsabilidades sectoriales, y los partidos políticos no han incluido en sus estatutos procedimientos para la prevención y atención del acoso político.
En adición a lo anterior, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) aún no ha aprobado los Lineamientos de actuación interinstitucional para atender los casos de acoso político, a pesar de haber incorporado este tipo de hechos en las fichas de registro de los CEM.
Asimismo, en ese momento, solo existían 12 ordenanzas a nivel nacional, en ninguna de ellas se establecía una ruta de atención clara para las víctimas, por lo que, a pesar de que se reportaron casos de acoso político, no tuvieron las herramientas para aplicar sanciones. La situación de las organizaciones políticas es similar, ninguna de ellas tiene alguna norma interna para atender a las presuntas víctimas como establece la Ley.
Entre las conclusiones más importantes encontramos que no se cuenta con herramientas que permitan la implementación de la Ley n.° 31155, que sanciona el acoso político contra las mujeres, porque el MIMP no ha emitido un protocolo interinstitucional que posibilite y facilite la denuncia y protección de las víctimas, así como la sanción de los agresores; y, que el JNE ha determinado la imposibilidad de regular las sanciones introducidas en la citada ley, pues el nivel de involucramiento, más allá del proceso de elecciones, requiere la modificación de su ley orgánica, y tampoco ha estipulado medidas paralelas que faciliten la atención de estos casos.
En cuanto a las principales recomendaciones alcanzadas, encontramos que al Congreso de la República se le recomendó evaluar la modificación de la Ley 31155, para reforzar sus alcances y favorecer su adecuada implementación; especialmente en cuanto a la competencia del Jurado Nacional de Elecciones. A esta entidad, el regular lineamientos y procedimiento de atención y derivación de casos de acoso político, para atender de manera integral esta grave problemática.
Asimismo, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se recomendó contar con un cronograma de asistencias técnicas a los gobiernos regionales y locales, para que adopten la normativa necesaria en la prevención y sanción del acoso político. Finalmente, a los gobiernos regionales y locales a reiterar la recomendación para aprobar normas y políticas, o adecuarlas, en el ámbito de sus competencias para identificar, prevenir, atender y sancionar el acoso contra las mujeres en la vida política.
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