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Informe Defensorial n.º 005-2023-DP/ADM:

Supervisión a los protocolos de actuación conjunta de los principales servicios de atención para las víctimas de violación sexual. – ID 207


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Fecha:
19/12/2023

Autores:
Dirección: Josué Manuel Gutiérrez Cóndor
Bettina Valdez Carrasco
Patricia Verónica Sarmiento Rissi
Yury Gabriela Marcelo Pérez


Editor:
Defensoría del Pueblo

  • Introducción

    La violencia contra las mujeres es una de las problemáticas más graves en nuestro país. Sus diversas manifestaciones se reflejan en un alto número  de casos de violencia física, psicológica, sexual, económica, hostigamiento sexual laboral, acoso sexual en espacios públicos, violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva, feminicidios, mortalidad materna, desaparición de mujeres, trata con fines de explotación sexual, acoso político, discriminación laboral, entre otros.

    El daño que la violencia ocasiona en todas las niñas, adolescentes y mujeres de todas las edades produce y tiene consecuencias particulares durante todo el trayecto de vida.

    De ahí que se requiera contar con lineamientos que fortalezcan la calidad de los servicios de atención para esta población vulnerable.

  • Problemática

    En nuestro país, la normativa nacional como la internacional establecen obligaciones a los diferentes sectores del Estado para que estos cuenten con procedimientos adecuados para una atención y sanción célere a los hechos de violencia cometidos contra las mujeres; así como el diseño de políticas públicas y mecanismos adecuados para la sanción y erradicación de esta problemática.

    No es suficiente contar con dichos instrumentos, sino que su aplicación debe ser eficaz para lograr sus objetivos y obtener resultados concretos. Por ello, se decidió supervisar la aplicación de los protocolos de actuación conjunta que existen actualmente entre los principales servicios de atención, como son los Centros Emergencia Mujer, los establecimientos de salud, los Centros de Salud Mental Comunitarios y el servicio de Defensa Pública.

  • Principales conclusiones

    • En el 2022, las instituciones supervisadas atendieron un promedio anual de 56 casos de violación sexual. En el caso de los Centro Emergencia Mujer 109 casos; Defensa Pública 42 casos, CSMC 34 casos y establecimiento de salud 24 casos.
    • La mayoría (89%) de personas entrevistadas responsables de las instituciones supervisadas reportó conocer la ruta articulada de actuación conjunta para casos de violación sexual. Sin embargo, un 11% precisó que no tenía conocimiento.
    • A nivel de institución supervisada, quienes han tenido una apreciación muy favorable sobre la ruta de actuación conjunta han sido el servicio de Defensa Pública (33%), Centro Emergencia Mujer (31%) y el Centro de Salud Mental Comunitaria (23%). Mientras que un 17% de los establecimientos de salud, 14% de los centros de salud mental comunitaria y 9% de los Centros Emergencia Mujer la calificaron como poco favorable.

     

  • Principales recomendaciones

    Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

    • Garantizar la celeridad en la derivación de casos de violación sexual a los EESS, a fin de acceder de manera oportuna al kit de emergencia.

    Ministerio de Salud

    • Asegurar la provisión completa de medicamentos para el kit de emergencia, lo cual implica contar con los suficientes kits para el promedio de casos que se atienden en los EE.SS. las 24 horas.

    Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

    • Capacitar al personal encargado de la Línea de Orientación Gratuita de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, para que brinden información a la víctima sobre los servicios que puede recibir de otras instituciones y efectúe la derivación respectiva a los CEM.

     

  • Síntesis

    Este informe fue publicado por la Defensoría del Pueblo en diciembre de 2023, con el apoyo de AECID, supervisa los protocolos de actuación conjunta de los principales servicios de atención para las víctimas de violación sexual en 139 servicios de 7 regiones del país: Áncash, Arequipa, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima; tomando como periodo de supervisión de enero a diciembre de 2022.15

    Se evaluó la situación de los servicios de atención integral de las mujeres víctimas de violación sexual, especialmente la articulación entre los Centros Emergencia Mujer (CEM), establecimientos de salud (EE.SS), centros de Salud Mental Comunitario (CSMC) y Defensa Pública. En relación con a la supervisión de los CEM, el 82% derivó siempre los casos de violencia sexual de riesgo moderado o severo a los EE.SS. o CSMC. Por otro lado, la mayoría de EE.SS. deriva los casos de violación sexual a los CEM, la fiscalía de Familia o mixta o a la PNP; de 31 EE.SS. que atendieron casos de violación sexual, el 94% entregó el kit de emergencia a la víctima.

    La violencia contra las mujeres es una de las problemáticas más graves en nuestro país. Sus diversas manifestaciones se reflejan en un alto número de casos de violencia física, psicológica, sexual, económica, hostigamiento sexual laboral, acoso sexual en espacios públicos, violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva, feminicidios, mortalidad materna, desaparición de mujeres, trata con fines de explotación sexual, acoso político, discriminación laboral, entre otros. El daño que la violencia ocasiona en todas las niñas, adolescentes y mujeres de todas las edades en nuestra sociedad se produce y tiene consecuencias particulares durante todo el trayecto de vida.

    Frente a ello, se requiere contar con lineamientos que fortalezcan la calidad de los servicios de atención para esta población vulnerable. Es por ello, que los protocolos de actuación conjunta se convierten en herramientas fundamentales para el desarrollo de un trabajo articulado entre las diversas instituciones responsables de dichos servicios de atención.

    En nuestro país, tanto la normativa nacional como la internacional establecen una serie de obligaciones a los diferentes sectores del Estado para que cuenten con procedimientos adecuados para la atención y sanción célere de los hechos de violencia cometidos contra las mujeres; así como el diseño de políticas públicas y mecanismos adecuados para la sanción y erradicación de esta problemática.

    No obstante, no es suficiente contar con dichos instrumentos, sino que su aplicación debe ser eficaz para lograr sus objetivos y obtener resultados concretos. Por ello, se decidió supervisar la aplicación de los protocolos de actuación conjunta que existen actualmente en los principales servicios de atención, como son los Centros Emergencia Mujer, los establecimientos de salud, los Centros de Salud Mental Comunitarios y el servicio de Defensa Pública.

    • Entre las conclusiones más importantes encontramos que, en el 2022, las instituciones supervisadas atendieron un promedio anual de 56 casos de violación sexual. En el caso de los Centros Emergencia Mujer 109 casos; Defensa Pública 42 casos, CSMC 34 casos y establecimiento de salud 24 casos. La mayoría (89%) de personas entrevistadas responsables de las instituciones supervisadas reportó conocer la ruta articulada de actuación conjunta para casos de violación sexual. Sin embargo, un 11% precisó que no tenía conocimiento.
    • En cuanto al nivel de institución supervisada, quienes han tenido una apreciación muy favorable sobre la ruta de actuación conjunta han sido el servicio de Defensa Pública (33%), Centro Emergencia Mujer (31%) y el Centro de Salud Mental Comunitaria (23%). Mientras que un 17% de los establecimientos de salud, 14% de los centros de salud mental comunitaria y 9% de los Centros Emergencia Mujer la calificaron como poco favorable. En este orden de ideas, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se recomendó garantizar la celeridad en la derivación de casos de violación sexual a los EESS, a fin de acceder de manera oportuna al kit de emergencia. Asimismo, al Ministerio de Salud (MINSA) a asegurar la provisión completa de medicamentos para el kit de emergencia, lo cual implica contar con los suficientes kits para el promedio de casos que se atienden en los EE.SS. las 24 horas.

     

    Finalmente, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos MINJUSDH se recomendó el capacitar al personal encargado de la Línea de Orientación Gratuita de la Dirección General de Defensa
    Pública y Acceso a la Justicia, para que brinden información a la víctima sobre los servicios que puede recibir de otras instituciones y efectúe la derivación respectiva a los CEM.





Palabras clave:
Actuación conjunta
protocolo
violación sexual
violencia de género.
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