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Informe Defensorial n.° 006-2023-DP-ADM:

Supervisión sobre el Derecho al Acceso a la Justicia para Mujeres Migrantes Víctimas de Violencia de Género. ID 208


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Fecha:
05/01/2024

Autores:
Dirección: Josué Manuel Gutiérrez Cóndor
Claudia Lovon Benavente
Patricia Verónica Sarmiento Rissi
Isabel Ortiz Urbizagastegui


Editor:
Defensoría del Pueblo

  • Introducción

    Según información del Boletín Estadístico Migratorio de la Superintendencia Nacional de Migraciones, entre el año 2019 y febrero de 2023, la autoridad migratoria expidió 468, 783 carnés de extranjería, de los cuales el 372, 719 (79.5%) fueron para personas de nacionalidad venezolana. De esta última cifra, el 54.2% fueron para mujeres. En los últimos años, Perú se ha convertido en un país de acogida para miles de personas migrantes de nacionalidad venezolana, que se vieron  obligadas a salir de su país por la crisis económica, social y política. Según el Informe Anual 2022  del ACNUR, el Perú alberga a más de 1.5 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas, de las cuales 532,000 son solicitantes de refugio; siendo Lima la ciudad con el mayor número de venezolanos fuera de su país natal a nivel mundial.

  • Problemática

    Para las mujeres migrantes víctimas de violencia de género, el derecho de acceso a la justicia se ve afectado por no contar con información sobre sus derechos, desconocer qué hechos constituyen vulneración de sus derechos fundamentales,  la la fragmentación de las instituciones, la falta de capacitación en materia de igualdad de género para los operadores judiciales, y los insuficientes recursos de personal, presupuestal y de infraestructura de los órganos de sistemas especializados de justicia para estos casos. A ello, se suma el factor de discriminación por su condición de migrantes.

  • Principales conclusiones

    1. Las personas migrantes constituyen un grupo de especial atención, debido no solo a su situación de vulnerabilidad por motivos económicos y culturales; sino que suelen ser sujetos de discriminación, violencia, prejuicios y xenofobia. Esta situación se agrava cuando confluyen otras condiciones de vulnerabilidad como ser mujer y/o el estatus migratorio irregular.
    2. A pesar de los avances, se han identificado algunas actividades que requieren fortalecerse: La difusión y el acceso a la información, especialmente para las mujeres migrantes. Ello, se refleja en la percepción de que su situación migratoria irregular sea una barrera para acceder a los sistemas de justicia y/o los servicios de asesoría jurídica y patrocinio de casos.

     

  • Principales recomendaciones

    Garantizar la incorporación en el RUVA de las variables: nacionalidad, edad, región de atención y tipo de violencia de la que fue víctima tanto la persona atendida como quien la agredió, las variables migrante y refugiada, así como todo tipo de opción de identificación tanto para las mujeres nacionales como para las migrantes.

    De acuerdo con las respuestas brindadas por las autoridades competentes, esta recomendación viene siendo implementada durante el proceso de desarrollo del RUVA.

     

  • Síntesis

    Este informe fue publicado por la Defensoría del Pueblo en diciembre de 2023, con el apoyo de AECID, supervisa el acceso al derecho de acceso a la justicia por parte de las mujeres migrantes víctimas de violencia de género en Perú. Toma como periodo de análisis enero de 2019 a agosto 2022, se recogió información de las regiones de Lima, Callao, Arequipa y La Libertad.16

    El documento combina el análisis del marco normativo internacional y nacional, estadísticas oficiales (denuncias policiales y judiciales, patrocinios de defensa pública) y resultados de entrevistas realizadas a actores claves como personal de los Centros Emergencia Mujer, Centros ALEGRA y organizaciones de sociedad civil.

    En este documento se logra identificar como principales barreras para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las mujeres migrantes: el temor a denunciar por su situación migratoria irregular, la escasa difusión de información sobre las rutas de denuncia, la insuficiencia de recursos humanos especializados y la discriminación (principalmente debido a la xenofobia y los estereotipos de género) por parte de autoridades.

    Según información del Boletín Estadístico Migratorio de la Superintendencia Nacional de Migraciones, entre el año 2019 y febrero de 2023, la autoridad migratoria expidió 468, 783 carnés de extranjería, de los cuales el 372, 719 (79.5%) fueron para personas de nacionalidad venezolana. De esta última cifra, el 54.2% fueron para mujeres.

    En los últimos años, Perú se ha convertido en un país de acogida para miles de personas migrantes de nacionalidad venezolana, que se vieron obligadas a salir de su país por la crisis económica, social y política. Según el Informe Anual 2022 del ACNUR, el Perú alberga a más de 1.5 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas, de las cuales 532,000 son solicitantes de refugio; en donde Lima es la ciudad con el mayor número de venezolanos a nivel mundial.

    Para las mujeres migrantes víctimas de violencia de género, el derecho de acceso a la justicia se ve afectado por no contar con información sobre sus derechos, desconocer qué hechos constituyen vulneración de sus derechos fundamentales, la fragmentación de las instituciones, la falta de capacitación en materia de igualdad de género para los operadores judiciales, y los insuficientes recursos de personal, presupuestal y de infraestructura de los órganos de sistemas especializados de justicia para estos casos. A ello, se suma el factor de discriminación por su condición de migrantes.

    Entre las conclusiones más resaltantes encontramos que las personas migrantes constituyen un grupo de especial atención, debido no solo a su situación de vulnerabilidad por motivos económicos y culturales; sino que suelen ser sujetos de discriminación, violencia, prejuicios y xenofobia. Esta situación se agrava cuando confluyen otras condiciones de vulnerabilidad como ser mujer y/o el estatus migratorio irregular. Asimismo, a pesar de los avances, se han identificado algunas actividades que requieren fortalecerse: La difusión y el acceso a la información, especialmente para las mujeres migrantes. Ello, se refleja en la percepción que su situación migratoria irregular sea una barrera para acceder a los sistemas de justicia y/o los servicios de asesoría jurídica y patrocinio de casos.

    Como parte de nuestras recomendaciones se encuentra el garantizar la incorporación en el RUVA de las variables: nacionalidad, edad, región de atención y tipo de violencia de la que fue víctima tanto la persona atendida como quien la agredió, las variables migrante y refugiada, así como todo tipo de opción de identificación tanto para las mujeres nacionales como para las migrantes.

    De acuerdo con las respuestas brindadas por las autoridades competentes, esta recomendación viene siendo implementada durante el proceso de desarrollo del Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras (RUVA).





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