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Informe Defensorial n.° 002-2023-DP/ANA:

Situación de niñas, niñas y adolescentes cuyas madres se encuentran privadas de libertad: una mirada desde los derechos humanos. ID 209


Archivos:
Fecha:
08/01/2024

Autores:
Dirección: Josué Manuel Gutiérrez Cóndor
Comisionados de la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia
la Adjuntía para los Derechos de la Mujer y el Programa para las Personas Privadas de Libertad
la Seguridad Ciudadana y
la Seguridad y Defensa Nacional de la Adjuntía para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad.


Editor:
Defensoría del Pueblo

  • Introducción

    En el marco de lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño, el interés superior implica garantizarle el disfrute efectivo de todos sus derechos, así como su desarrollo holístico en los diferentes ámbitos donde transcurre su vida.

    Ese interés debe ser considerado, de manera primordial, en la adopción de medidas o decisiones que afecten a niños, niñas y adolescentes con madres internas en establecimientos penitenciarios (EP). Asimismo, ese interés y el derecho a la no discriminación obligan al Estado a implementar medidas apropiadas para garantizar la igualdad efectiva de oportunidades en el disfrute de los demás derechos.

    Es deber del Estado garantizarlos y brindar la protección especial a dichas personas menores de edad, tal como lo disponen normas nacionales.

  • Problemática

    Según el Informe mujeres privadas de libertad en las Américas, de la CIDH, mujeres embarazadas y niños/as que viven en EP son grupos en especial situación de riesgo, por lo que esa realidad debe ser una prioridad en las agendas de los Estados; precisa que los factores de encarcelamiento de progenitoras colocan a estas en una especial situación de indefensión. A esa situación se suman otros factores de potenciales vulnerabilidades (condición de discapacidad, migrantes o refugiadas, sin escolaridad ni acceso a servicios de salud, entre otros).

    Por lo tanto, urge reconocer la problemática a partir de diversas condiciones y necesidades de cada grupo etario de niñas, niños y adolescentes, para que el Estado brinde una respuesta oportuna y pertinente a través de los sectores con responsabilidad (directa e indirecta), en la atención de hijas/os con madres privadas de libertad en EP, mediante acciones diferenciadas y especializadas.

  • Principales conclusiones

    • Urge adecuar el Reglamento del Código de Ejecución Penal y el Protocolo Intersectorial entre el MIMP y el Inpe, conforme a los alcances del D. Legislativo 1297, por las nuevas instituciones contempladas, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, esto es la UPE, facultada a intervenir ante riesgo o desprotección familiar que puede presentarse cuando hijas/os menores de edad de madres internas egresan de los EP.
    • Insuficiente número de personal y presupuesto para brindar el servicio de asistencia social a la población penitenciaria femenina a nivel nacional. Solo se cuenta con 136 asistentas sociales para 4779 internas.
    • Existe diferencia en el registro a cargo de los EP visitados (110 niñas y niños) y la información obtenida de las internas entrevistadas, quienes dieron cuenta de la existencia de 112 niñas y niños. Esto evidencia la falta de actualización de la información de niñas/os que permanecen en dichos EP.
    • 22 niñas y niños no contaban con DNI; y 36.6% de las niñas y niños tenían anemia. Además, se identificó falta de talleres de estimulación, servicio de cuna, guardería, medicamentos, alimentación diferenciada y/o ambientes de recreación.
    • Pese a que el resultado de la segunda supervisión a EP de mujeres y mixtos dio cuenta de 5109 hijas/os extramuros, el Inpe no contaba con información detallada sobre ellas/os, independientemente de su edad.
    • 2249 menores de edad (44%), hijas/os de madres privadas de libertad, estarían bajo el cuidado de sus abuelas/os.

     

  • Principales recomendaciones

    • Al Ministerio de Economía y Finanzas

    Adoptar medidas para la asignación de presupuesto necesario al Inpe, a fin de que garantice la atención y protección especial a niñas y niños que se encuentran con sus madres en EP.

    • Al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

    COORDINAR, desde su rol rector del Sistema Nacional de Atención Integral del Niño y del Adolescente, con entidades y servicios públicos y privados para la adopción e implementación de programas y acciones de respuesta para garantizar, proteger y promover los derechos de hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad, sea que vivan con ellas en los EP o se encuentran separados de las mismas. Ello, tomando en cuenta sus necesidades (identidad, alimentación, educación, salud, protección) y características (discapacidad, idioma/lengua, nacionalidad, riesgo/desprotección familiar).

    COORDINAR de forma urgente con el Inpe a fin de determinar o realizar seguimiento al posible riesgo de desprotección familiar o desprotección familiar en que puedan encontrarse un grupo importante de niñas, niños y adolescentes cuyas madres desconocen sobre el soporte familiar que requieren.

    ADOPTAR medidas para brindar apoyo a la familia extensa, especialmente a las/os adultos mayores, que se encargan de la atención y cuidado de las hijas/os de las madres internas en EP.

    • Al Ministerio de Salud

    ASEGURAR que en los EP se brinde servicios de vacunación completa, detección y atención de anemia y/o desnutrición y atención de otros problemas de salud para las niñas y niños.

    GARANTIZAR la atención CRED (Control de Crecimiento y Desarrollo) continua para niñas y niños en los EP.

     

  • Síntesis

    Según el Informe Mujeres privadas de libertad en las Américas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mujeres embarazadas y niños que viven en establecimientos penitenciarios (EP) son grupos en especial situación de riesgo que requieren atención primordial en las agendas de todos los Estados; los factores de encarcelamiento de dichas progenitoras las colocan en una especial situación de indefensión.

    A esa situación se suman un conjunto de potenciales vulnerabilidades — advertidos por la Defensoría del Pueblo — que afrontan los hijos de madres privadas de su libertad, derivadas de su condición de discapacidad, migración/refugio y no contar con acceso a servicios educativos ni de salud, entre otras barreras que limitan en mayor medida el ejercicio de sus derechos humanos.

    Al respecto, se consideró urgente que el Estado reconozca la problemática, a partir de las condiciones y necesidades específicas de cada grupo de niños y adolescentes, con la finalidad que se le brinde una respuesta oportuna y pertinente a través de los sectores estatales con responsabilidad, directa e indirecta, en la atención de menores de edad con madres privadas de libertad en EP del país, mediante acciones diferenciadas y especializadas, acorde con lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño.

    Por tal motivo, el año 2023, la Defensoría del Pueblo realizó dos supervisiones nacionales para verificar la situación de los hijos de las mujeres privadas de libertad en EP del país (mixtos y exclusivos para mujeres), con base en información brindada por las propias madres internas. Para ese propósito, se las entrevistó dando a conocer las condiciones de sus hijos menores de edad que permanecían con ellas en el EP, así como de los que residían fuera de dichos lugares.

    En la primera supervisión, el objetivo fue recoger información sobre la situación de niños menores de 3 años que estaban sus madres internas en EP y, sobre esa base, identificar situaciones de afectación a sus derechos fundamentales en tales lugares. Tal labor se realizó en la totalidad de los EP en el país con población de mujeres privadas de libertad; y se efectuó del 11 al 14 de julio de 2023, mediante dos fichas de entrevista presencial aplicadas a personal directivo de los EP y a mujeres madres internas en 41 EP.

    En segunda supervisión, se buscó recabar información sobre los hijos menores de edad que vivían separados de sus madres o cuidadoras privadas de libertad en EP, para conocer las condiciones de vulnerabilidad que estarían afectando sus derechos. Se supervisaron 45 EP a nivel nacional, de modo presencial, el 28 y 29 de agosto de ese año; se aplicó una ficha de entrevista a mujeres privadas de libertad.

    Los principales hallazgos identificaron insuficiente personal y presupuesto para el servicio de asistencia social a mujeres privadas de libertad a nivel nacional (hasta ese momento, solo se contaba con 136 trabajadoras sociales para 4779 internas). Asimismo, la diferencia en el registro a cargo de los EP visitados (110niñas/os) y la información obtenida de las internas entrevistadas, quienes señalaron la existencia de 112 niños, lo que evidenció necesidad de actualización de la información de niñas/os que permanecen en dichos EP.

    Otro aspecto, fue la falta de documento nacional de identidad en 22 niños; y anemia en el 36.6% de los niños; además, la carencia de talleres de estimulación, servicio de cuna, guardería, medicamentos, alimentación diferenciada y/o ambientes de recreación. A ello se suma la falta, por parte del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), de información detallada sobre hijos extramuros de las madres internas en EP, con independencia de su edad (el resultado de la segunda supervisión defensorial identificó 5109 hijas/os en esa situación); y el posible cuidado de 2249 menores de edad (44%), hijas/os de madres privadas de libertad, a cargo de sus abuelas/os.

    Entre las recomendaciones formuladas están las dirigidas al Ministerio de Economía y Finanzas, para que adopte medidas a fin de que se asigne el presupuesto necesario al Inpe, para garantizar la atención y protección especial a niñas y niños que se encuentran con sus madres en EP.

    También, se recomendó al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, desde su rol rector del Sistema Nacional de Atención Integral del Niño y del Adolescente, coordinar con entidades y servicios públicos/privados para la adopción e implementación de programas y acciones de respuesta para garantizar, proteger y promover los derechos de hijos de mujeres privadas de libertad, sea que vivan con ellas en EP o se encuentren separados de las mismas.

    Del mismo modo, se le recomendó coordinar con el Inpe de forma urgente a fin de determinaro realizar seguimiento al posible riesgo de desprotección familiar o desprotección familiar en que pudieran encontrarse un grupo importante de niñas, niños y adolescentes cuyas madres desconocen sobre el soporte familiar que requieren. Además, adoptar medidas para brindar apoyo a la familia extensa, especialmente a las/os adultos mayores, que se encargan de la atención y cuidado de las hijas/os de las madres internas en EP.

    Finalmente, se recomendó al Ministerio de Salud brinde la atención integral requerida para dichos niños y asegurar que en los EP se brinde servicios de vacunación completa, detección y atención de anemia y/o desnutrición, al igual que de otros problemas de salud de niñas y niños; y se garantice el servicio de Control de Crecimiento y Desarrollo continuo para ellas y ellos.





Palabras clave:
discapacidad
Educación
Interés superior del niño
personas privadas de libertad
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