Informe Defensorial n.° 001-2024-DP / AMASPPI:
La Concesión Vías Nuevas de Lima otorgada a Rutas de Lima S.A.C.
Lecciones que debemos aprender.
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Introducción
La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su noble e importante misión de garantizar los derechos humanos de la nación, hoy pone en conocimiento el presente informe a las autoridades de los poderes del Estado y de los organismos constitucionalmente autónomos. Este documento muestra, de forma objetiva y exhaustiva, la fragilidad de nuestra estructura jurídica y, a partir de esto, cómo se evaden responsabilidades para fines impropios, que lindan con lo irregular y genera el abuso de derecho, consecuencia natural de la ilegalidad.
Los revolucionarios de Europa y América, y de otros continentes, hace cientos de años atrás, proclamaron que todos los hombres son creados iguales, dotados de derechos inalienables a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Sin embargo, paradójicamente, concebían al hombre a imagen de ellos mismos, mientras poseían esclavos en grandes cantidades a quienes, en ese entonces, no les dieron status de seres humanos. Estas contradicciones persisten hasta hoy, lo que subraya la necesidad de entender la seguridad jurídica no solo como protección contra la vulneración de derechos por parte del Estado hacia la persona natural o jurídica, sino también como el abuso de derechos de las personas naturales y jurídicas contra el Estado, la cual debería sancionarse en igualdad de condiciones y buscar siempre como fin supremo el equilibrio de las partes.
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Conclusiones
Importancia de la infraestructura vial y los peajes.
1. La distribución heterogénea de la población que vive en la provincia de Lima, el bajo índice de vías
urbanas en la jurisdicción y el mono-centrismo de su vialidad, hacen necesario que la Municipalidad
Metropolitana de Lima desarrolle proyectos de infraestructura vial que permitan descongestionar el núcleo urbano de la capital y mejorar la fluidez de la circulación vehicular, para lo cual requiere del
influjo de capital y la participación del sector privado al tratarse de proyectos de gran envergadura.2. En esta alianza entre los sectores público y privado, el Decreto Legislativo N° 1362 regula la
promoción de la inversión privada mediante asociaciones público-privadas y proyectos en activos, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado por Decreto Supremo N° 195-2023-EF, el cual establece disposiciones para la participación de agentes no gubernamentales en la prestación de servicios o la ejecución de obras de responsabilidad del Estado, cuyos costos generalmente son elevados costos y su realización es de largo plazo. Asimismo, se orienta a mantener el equilibrio económico financiero, las condiciones de competencia del proceso de promoción y la adecuada asignación de riesgos.3. El peaje es una tarifa que se cobra por el uso de determinada vía pública. En el caso particular de
la provincia de Lima, la Municipalidad Metropolitana es la titular de todos los peajes que existen dentro de su jurisdicción, incluidas las vías nacionales, los cuales solo pueden ser establecidos en la infraestructura que cuente con vías alternas para la circulación sin pagar peaje, conforme a lo
establecido en la Ley N° 15773, como garantía del derecho a la libertad de tránsito, establecida tanto
en la propia ley como en la jurisprudencia nacional. -
Recomendaciones
Al Congreso de la República:
1. MODIFICAR el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1362, que regula la Promoción de la
Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos a fin de:1.1. Reformar la Primera Disposición Complementaria Final a fin de limitar el carácter confidencial de
las evaluaciones económico financieras de las variables de competencia utilizadas en el diseño
y estructuración de los procesos de promoción y de las iniciativas privadas, únicamente hasta el
momento de la adjudicación o denegatoria, hito a partir del cual deben ser de acceso público.1.2. Eliminar la restricción establecida en el artículo 56 del arbitraje como único medio de resolución
de conflictos y permitir que las controversias que surjan entre las partes se puedan resolver en
instancia judicial.1.3. Establecer que todos los contratos que se suscriban bajo su amparo y que se acojan al arbitraje como medio de resolución de conflictos contengan una cláusula que acuerde la renuncia a la
confidencialidad de las actuaciones procesales, desde la demanda hasta el laudo arbitral y sus
impugnaciones.Más información en el Pdf.
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