Informe Defensorial n.° 221:
OBLIGACIONES DEL ESTADO PERUANO EN EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES: Análisis constitucional de los casos Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios – FEMAPOR, y Ex trabajadores mineros contra Southern Perú
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Introducción
El informe tiene por finalidad identificar las formas en que el Estado continúa vulnerando los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, específicamente, de las personas adultas mayores, en el ámbito de justicia, cuando los órganos obligados que conforman el Estado, hacen caso omiso a las decisiones a nivel interno o incluso, a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
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Problemática
Se ha identificado que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se ha visto vulnerado por inejecución o incumplimiento de las obligaciones del Estado en el marco de las decisiones judiciales, como es en el caso de los trabajadores de FEMAPOR y Southern Perú Copper Corporation.
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Principales conclusiones
- La Defensoría del Pueblo viene advirtiendo la renuencia de las entidades de la administración pública al cumplimiento de mandatos judiciales desde el año 1998. Ello conlleva a que aquellos justiciables vencedores contra la administración pública no encuentren una justicia efectiva y la satisfacción de sus pretensiones durante muchos años.
- Los casos FEMAPOR y Southern Perú han sido tramitados judicialmente durante más de 25 años, lo que ha llevado consigo la muerte de más de 1000 personas adultas mayores sin ver restituidos sus derechos fundamentales. En la actualidad son alrededor de 3000 justiciables lo que esperan la ejecución de las decisiones judiciales, cuya edad oscila entre 70 a 90 años.
- Se requiere fortalecer el trabajo coordinado entre las entidades involucradas en la ejecución de sentencias judiciales a favor de la ciudadanía. Asimismo, evaluar la legislación vigente para impulsar mejoras a favor del acceso a la justicia con enfoque de derechos humanos y de personas en situación de vulnerabilidad.
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Principales recomendaciones
Al Poder Judicial:
- IMPULSAR reformas al sistema de administración de justicia vinculado a las personas adultas mayores, estableciendo plazos máximos en la etapa de ejecución de sentencias a su favor.
- EMITIR normas internas administrativas que coadyuven a tramitar los procesos judiciales en plazos razonables a favor de grupos en situación de vulnerabilidad.
- APLICAR CON CELERIDAD medidas de apercibimiento necesarias para garantizar que la conducta de las partes demandadas no obstruyan o dilaten la ejecución de las resoluciones judiciales.
- CAPACITAR a los jueces que intervienen en los procesos judiciales y/o que tienen a cargo la ejecución de las sentencias judiciales en los que el demandante o el denunciante sea un adulto mayor o en los procesos en los que la pretensión de la demanda sea en favor de los derechos de los adultos mayores.
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Síntesis
La Defensoría del Pueblo advirtió que en el caso de los trabajadores de FEMAPOR y Southern Perú Copper Corporation, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se ha visto vulnerado por inejecución o incumplimiento de las obligaciones del Estado en el marco de las decisiones judiciales.
De ahí que se desarrollará el informe con la finalidad de identificar las formas en que el Estado continúa vulnerando los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, específicamente, de las personas adultas mayores, en el ámbito de justicia, cuando los órganos obligados que conforman el Estado, hacen caso omiso a las decisiones a nivel interno o incluso, a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La Defensoría del Pueblo viene advirtiendo la renuencia de las entidades de la administración pública al cumplimiento de mandatos judiciales desde el año 1998. Ello conlleva a que aquellos justiciables vencedores contra la administración pública no encuentren una justicia efectiva y la satisfacción de sus pretensiones durante muchos años.
Los casos FEMAPOR y Southern Perú han sido tramitados judicialmente durante más de 25 años, lo que ha llevado consigo la muerte de más de 1000 personas adultas mayores sin ver restituidos sus derechos fundamentales. En la actualidad son alrededor de 3000 justiciables lo que esperan la ejecución de las decisiones judiciales, cuya edad oscila entre 70 a 90 años.
Se requiere fortalecer el trabajo coordinado entre las entidades involucradas en la ejecución de sentencias judiciales a favor de la ciudadanía. Asimismo, evaluar la legislación vigente para impulsar mejoras a favor del acceso a la justicia con enfoque de derechos humanos y de personas en situación de vulnerabilidad.
En atención a los hallazgos, se recomendó al Poder Judicial, impulsar reformas al sistema de administración de justicia vinculado a las personas adultas mayores, estableciendo plazos máximos en la etapa de ejecución de sentencias a su favor; emitir normas internas administrativas que coadyuven a tramitar los procesos judiciales en plazos razonables a favor de grupos en situación de vulnerabilidad.
De igual forma, se recomendó aplicar con celeridad medidas de apercibimiento necesarias para garantizar que la conducta de las partes demandadas no obstruya o dilaten la ejecución de las resoluciones judiciales. Finalmente, se advirtió la necesidad de capacitar a los jueces que intervienen en los procesos judiciales y/o que tienen a cargo la ejecución de las sentencias judiciales en los que el demandante o el denunciante sea un adulto mayor o en los procesos en los que la pretensión de la demanda sea en favor de cautelar los derechos de los adultos mayores.
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