Defensoría del Pueblo promovió espacio de diálogo entre pobladores de Alto Inambari en Puno

- Conflictos entre pobladores son por demarcación territorial y presencia de minería ilegal.
Tras identificar una nueva alerta de conflicto entre pobladores de la zona Pacchani y del distrito de Alto Inambari, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno convocó, con carácter de urgencia, a las autoridades competentes, con el propósito de abordar la problemática en relación a disputas territoriales, impacto ambiental como consecuencia de la práctica de la minería ilegal y afectación de los derechos humanos.
Sobre el particular, es preciso señalar que un grupo de pobladores de Alto Inambari le ha pedido al alcalde les dé parte de los terrenos de Pacchani para minería. Otro grupo que vive en Pacchani les han indicado que ese terreno es propiedad de la comunidad de Phara Toldoqueri, por lo que en dos oportunidades casi hubo enfrentamientos.
Es así, que la Defensoría del Pueblo convocó a una reunión multisectorial en la que participaron los titulares y representantes de la Prefectura Regional de Puno, la Policía Nacional del Perú, Gobierno Regional de Puno, Ministerio del Interior, Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, Junta de Fiscales Superiores de Puno, Fiscalía en Materia Ambiental, Fiscalía de Prevención del Delito.
Asimismo, asistieron en representación de Alto Inambari, su alcalde distrital, alcalde del centro poblado de Pampa Yanamayo, presidente de rondas campesinas, presidente de tenientes gobernadores, secretario de la Federación de Campesinos, juez de paz y regidores. Mientras que, en representación de Phara asistieron el alcalde distrital, presidente de rondas campesinas, y el presidente de la comunidad de Phara Toldoqueri.
En la reunión, los representantes de la Municipalidad Distrital de Alto Inambari informaron que vienen recibiendo amenazas de muerte por un grupo de personas que promueven actos ilícitos en el distrito, los cuales estarían relacionados a los pedidos para la práctica de minería ilegal en la zona de Pacchani.
En tal sentido, la Defensoría del Pueblo recomendó a la Prefectura Regional que, en coordinación con la Policía Nacional del Perú dé las garantías correspondientes al alcalde y autoridades del distrito ante las amenazas de muerte; además se disponga de efectivos policiales para que se garantice que continúe funcionando la municipalidad. Además, pidió que se disponga de personal de inteligencia para que se identifique a las personas que promueven actos ilícitos en el distrito y puedan ser sancionados.
Por su parte, la prefecta regional de Puno informó que dará las garantías a las autoridades que las soliciten. En tanto, el fiscal de medio ambiente indicó que ya se ha iniciado investigación por los delitos en contra del medio ambiente.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo indicó que se hará seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, y acciones de las autoridades para frenar la minería ilegal y otros delitos conexos, que vienen afectando a la población y generando contaminación del medio ambiente y los medios de subsistencia de la comunidad.
