Defensoría del Pueblo saluda decisión del Midis que declara en emergencia el programa nacional Wasi Mikuna recomendación que con antelación dio, y solicita la emisión del decreto de urgencia por el Consejo de Ministros para garantizar restablecimiento inmediato de los servicios alimentarios

Ante los reportes de intoxicación alimentaria de estudiantes en las escuelas de diversas regiones del país, la Defensoría del Pueblo saluda la decisión del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), de declarar en emergencia el Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna (antes Qali Warma), por las reiteradas falencias y riesgos en la inocuidad de los alimentos y en sus procesos de control en la producción, logística y almacenamiento, agravado en el escándalo de corrupción en las contrataciones y transferencias de recursos.
En tal virtud, solicitamos al Consejo de Ministros emitir decreto de urgencia que habilite al Midis, a brindar la sostenibilidad del servicio, a través de núcleos ejecutores en cada Institución educativa los cuales estarían integrados por el director del plantel o un representante (preside), un representante de los padres de familia, un representante del sector salud, un representante del Ministerio Interior (subprefectos o tenientes gobernadores), un representante de la municipalidad (Provincial, Distrital o centro poblado). Esta petición se sustenta en el ámbito de la legislación convencional y constitucional que privilegia el interés superior del niño, deber imperativo que obliga una rápida respuesta.
No obstante, es necesario compartir nuestra preocupación que, desde el inicio del presente año escolar, se han registrado varios incidentes similares a los ocurridos el año 2024, los que han afectado la salud de los escolares en diversas regiones del Perú, como consecuencia de intoxicaciones alimentarias asociadas al consumo de los alimentos proporcionados por el referido programa nacional.
El escenario es complejo, el último episodio se reportó el miércoles 2 de abril en la región Piura, donde 100 alumnos resultaron afectados tras consumir la misma ración que ha suscitado alarma en otras localidades del país. También se registraron casos en otros lugares como en Bagua (Amazonas), donde 25 alumnos sufrieron síntomas de intoxicación tras ingerir pan y leche del mencionado programa.
Asimismo, en Coishco (Áncash), 15 estudiantes de la Institución Educativa 88025 Ramón Castilla también presentaron síntomas de intoxicación luego de consumir desayunos escolares compuestos de pan, huevo y leche. En este caso, el MIDIS asumió la responsabilidad de monitorear la salud de los afectados, asegurando que se tomarán las medidas necesarias para proteger a los menores.
En ese sentido, a pesar de la relevancia que tiene el citado programa social, durante el año 2024 se reportaron denuncias en Cajamarca y Puno, relacionadas a problemas de salud en estudiantes de algunas instituciones educativas públicas beneficiarias del programa. En esa oportunidad, la Defensoría del Pueblo sostuvo reuniones de trabajo y solicitó información de manera oportuna sobre los referidos hechos y alcanzó recomendaciones pendientes de implementación.
A propósito de estos graves hechos, la Defensoría del Pueblo publicó el Informe Defensorial n.° 237 Informe de Supervisión al Programa Wasi Mikuna (antes Qali Warma) ante la afectación de derechos fundamentales en el marco de las denuncias sobre corrupción e irregularidades en el sistema de control, en donde se recomendó al MIDIS, lo siguiente:
- Evaluar el cambio de un proceso de cogestión del Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna a una gestión de Núcleo Ejecutor para una mayor eficiencia, participación y control de los procesos y recursos del Estado, en beneficio no solo de la población escolar sino también de la comunidad local.
- Elaborar procesos de gestión de riesgos de corrupción y de control integral a toda la cadena de cogestión en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria, incluyendo una supervisión permanente y de responsabilidad a las plantas de procesamiento de alimentos y almacenes de los proveedores en coordinación con el Ministerio Público y DIGESA, entre otras recomendaciones.
En atención al inicio de las labores educativas, el pasado 18 de marzo del presente año, la Defensoría del Pueblo solicitó información a la Dirección Ejecutiva del mencionado programa, respecto a si contaba con un registro formalizado de los reclamos de los productos de mala calidad y de las posibles afectaciones a la salud de estudiantes por el consumo de productos distribuidos en el marco del servicio de alimentación brindado por Wasi Mikuna y sobre el control de calidad de los alimentos, entre el periodo correspondiente al 2019-2025.
Asimismo, se solicitó información sobre la articulación con el Ministerio de Salud, en particular cuál es el rol y participación que tiene la Dirección General de Salud (Digesa) para garantizar que la salud y la vida de la población escolar no se vea afectada por el consumo de alimentos de mala calidad; las medidas de supervisión que se han implementado para verificar la calidad de los productos a ser distribuidos en el año lectivo 2025; y, si se ha elaborado un mapa de riesgos de corrupción a partir de la experiencia de los hechos denunciados, entre otros aspectos. Este requerimiento de información se encuentra pendiente de atención.
Finalmente, reiteramos al Minsa la necesidad de identificar los riesgos y la responsabilidad en la entrega de registros sanitarios que realiza la Digesa. Asimismo, a la Contraloría General de la República para que implemente acciones de control concurrente en todas las fases del proceso de provisión de servicios alimentarios en favor de estudiantes; y, al Ministerio Público, a través de las Fiscalías de Prevención del Delito, para que realice permanentes operativos de control en las empresas a cargo de la elaboración y distribución de alimentos dirigidos al consumo humano y en las entidades responsables de su conservación y almacenamiento, así como realizar un trabajo conjunto y coordinado de carácter preventivo junto a entidades con competencia en la materia.
