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Informe Defensorial n.° 242:

Crisis alimentaria en el Perú y el rol del Estado

Comedores del programa de Complementación Alimentaria (PCA) y Ollas Comunes

 


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Fecha:
21/04/2025

Autores:
Dirección: Josué Manuel Gutiérrez Cóndor
Irina Araceli Hernandez Cornejo. Con los aportes de los comisionados Hugo Rubén Sánchez Gonzáles
Karen Vanessa Chávez Rivera y Jhosie Sifuentes Espinoza


Editor:
Yanina Roxana Pacheco Canales y Rina Karen Rodríguez Luján,

  • Introducción

    Se supervisó a municipalidades que gestionan comedores y ollas comunes para evaluar la respuesta estatal contra el hambre a la población con mayor vulnerabilidad.

  • Problemática

    La pandemia de COVID-19 propició que familias en pobreza organizaran ollas comunes con apoyo solidario para obtener alimentos y enfrentar la crisis.

  • Principales conclusiones

    Se identifican deficiencias en el registro de usuarios de comedores y ollas comunes, además de problemas de gestión y distribución de alimentos.

  • Principales recomendaciones

    Se recomiendan medidas para el Congreso, Midis, Contraloría y gobiernos locales para mejorar la gestión y distribución de alimentos. Se busca asegurar una respuesta integral, transparente y sostenida contra el hambre.

  • Síntesis

    A lo largo de nuestra historia reciente, el Perú ha atravesado diversas crisis sociales y económicas que han puesto en evidencia las fracturas sociales que afectan especialmente a los sectores más vulnerables de la población. En ese contexto, surgieron con fuerza las organizaciones sociales de base, como respuesta ciudadana a la desprotección estatal. En la década de 1980, surgen los clubes de madres durante una severa crisis alimentaria; en 1993, los comedores populares, como consecuencia de medidas económicas severas ante una galopante hiperinflación; y, en 2020, las ollas comunes, como reacción inmediata a los estragos de la pandemia por la COVID-19.

    Cada una de estas iniciativas refleja la dignidad, la resiliencia y la capacidad de organización de nuestros pueblos. Este informe busca no solo visibilizar la crítica situación alimentaria que enfrenta la población que se encuentra en pobreza y pobreza extrema, sino también evidenciar los factores estructurales que perpetúan dicha problemática. La Defensoría del Pueblo, en su rol de garante de los derechos fundamentales, ha asumido la responsabilidad de investigar científicamente esta realidad y proponer acciones que corrijan el deficiente accionar del Estado.

    Este escenario se agrava con el aumento de la pobreza monetaria, que afectó al 29.0% de la población en 2023, y la amenaza constante de fenómenos climatológicos. En este contexto, el informe de la Defensoría del Pueblo se convierte en el diagnóstico urgente que examina el rol de las municipalidades en la gestión del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) y el apoyo a las Ollas Comunes, las únicas barreras de contención contra el hambre.

    El problema central no es solo la falta de recursos, sino la ineficacia sistémica de los gobiernos locales para aplicar las políticas alimentarias. El informe revela un panorama de desorden y parálisis burocrática. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), encargado de la política social, cuenta con un registro “defectuoso” de los comedores del PCA. Existe una significativa brecha entre la cifra real de usuarios y la información oficial, lo que impide que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.

    Por otro lado, un alto porcentaje de ollas comunes, surgidas como un acto de resiliencia comunitaria, no están reconocidas formalmente por el Midis y, peor aún, no reciben alimentos del Estado, operando bajo sus propios medios o por falta de presupuesto central. La mayoría de las municipalidades no cuentan con un diagnóstico socioeconómico actualizado de su jurisdicción, lo que significa que los centros de alimentación se abren al azar, sin garantizar la focalización en las zonas de mayor pobreza.

    Asimismo, se impiden los procesos de transición de las ollas comunes al PCA por una falta de apoyo técnico y la arbitrariedad en los requisitos solicitados por las municipalidades, prolongando su precariedad. Además, en zonas rurales, la ayuda se complica por dificultades de acceso y carencia de servicios básicos para actualizar la información.

    El sistema de asistencia alimentaria está fallando en su tarea más básica, garantizar el derecho a la vida digna. La ausencia de diagnósticos socioeconómicos y la falta de actualización de padrones de usuarios son un riesgo inminente que impide la atención prioritaria a la población más vulnerable (niños, adultos mayores, personas con discapacidad). Asimismo, existe una deficiente supervisión por parte de las municipalidades a los comedores y ollas comunes, lo que abre la puerta a inconsistencias y descontrol en la distribución de alimentos.

    Entre las recomendaciones al Midis encontramos que se debe establecer de forma urgente un sistema georreferenciado de acceso público que detalles beneficiarios, presupuesto y ejecución del gasto, para poner fin a la opacidad. Además, se debe incrementar el financiamiento de los programas alimentarios para asegurar la calidad y entrega de alimentos durante todo el año.

    En cuanto a los Gobiernos Locales, deben elaborar inmediatamente diagnósticos socioeconómicos para identificar las zonas de extrema pobreza y focalizar la ayuda. Es crucial implementar mecanismos de rendición de cuentas estandarizados para que los comedores informen sobre el uso de los recursos; y a la Contraloría, debe realizar una supervisión constante de los procesos de adquisición de alimentos para garantizar que sean oportunos y de calidad.

    El hambre en el Perú no es un problema de destino, sino de gestión. Este informe no es una queja, es un mandato: garantizar el derecho a la alimentación es una obligación, no una opción. La supervisión fue vital porque sirvió como una alarma de emergencia ante el riesgo inminente. Nuestro compromiso es claro, avanzar hacia una transformación profunda de la estructura social del país, colocando en el centro de las políticas públicas a la niñez, adolescencia, juventud y adultos mayores en situación de desprotección.

    Resulta imprescindible contar con un registro real y actualizado de las poblaciones que recurren a estas formas comunitarias de acceso a la alimentación. Solo así podremos diseñar intervenciones eficaces, dignas y sostenibles. Este documento constituye, pues, un llamado a la acción y una hoja de ruta hacia un Estado más justo, más humano y verdaderamente comprometido con quienes más lo necesitan.



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Palabras clave:
ollas comunes
poblaciones vulnerables
Programas alimentarios
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