Informe Defensorial n.° 244:
Fortalecimiento del control disciplinario en el sistema de justicia: Evaluación de la capacidad institucional y operativa, y recomendaciones para las autoridades nacionales de control del Poder Judicial y del Ministerio Público
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Introducción
La Defensoría del Pueblo evalúa las Autoridades de Control del sistema de justicia para fortalecer la lucha anticorrupción y garantizar derechos.
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Problemática
Las Autoridades de Control del sistema de justicia presentan brechas institucionales que debilitan su capacidad para combatir la corrupción y ejercer con eficiencia las funciones de control funcional.
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Principales conclusiones
Las ANC presentan dependencia presupuestaria, infraestructura deficiente, brechas tecnológicas y personal provisional que limitan su eficacia.
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Principales recomendaciones
Otorgar autonomía económica y financiera, implementar concursos públicos de méritos, modernizar tecnología y establecer convenios interinstitucionales efectivos.
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Síntesis
El problema para enfrentar con éxito la marea indetenible de corrupción que, día a día, socava los recursos escasos del Estado para beneficios personales, en detrimento de las necesidades de la población que sufre la carencia de biene y servicios con la obvia afectación de sus derechos fundamentales, era la ausencia de un diagnóstico sobre las causas estructurales de la corrupción.
Efectuados los estudios preliminares se formuló como hipótesis de trabajo que la causa de la corrupción era la extrema debilidad e ineficacia de los controles dentro de las entidades públicas y también del control social. Se había observado que en las entidades públicas los órganos de gestión y administración ejecutores del presupuesto institucional habían eliminado toda actividad de control interno, por cuya razón no había metas ni planificación para cuantificar costos para hacer posible una gobernabilidad visible hacia una gobernanza eficiente en base a una sólida institucionalidad.
El control funcional tampoco era eficaz ni efectivo y el desorden generado entre planta y trabajo era un combustible que impulsaba una corrupción institucional muy grave con afectación directa a la población usuaria. Finalmente, el control institucional vinculado a la vigilancia estatal cuya función reposa en la Contraloría General de la República devenía en ineficaz porque, al igual que los dos anteriores, todos los recursos para ejercer su función provenían del presupuesto que ejecutaban los controlados, es decir, los órganos de gestión y administración.
El otro aspecto analizado fue la notoria evidencia que no contar con controles previos ni concurrentes y los controles posteriores se producían cuando el hecho corrupto ya se había consumado, pero la respuesta no era ni oportuna ni eficaz.
Respecto al control posterior, además de centrarnos en lo administrativo, lo proyectamos al sistema de justicia tan desprestigiado en el país en el cual los procesos por corrupción que alcanzan a ex presidentes de la República y funcionarios de todo nivel tardan décadas en ofrecer resultados de sanción, con lo cual la sensación de impunidad ha venido generando un total descrédito de la clase política.
El diagnóstico, tal como se ha expuesto, contenía dos premisas: la nula eficacia de los controles internos, funcionales e institucionales y la ineficiencia del control posterior tanto en lo administrativo como el provocado por el desprestigio del sistema de justicia.
Ante tal escenario se organizó y se viene ejecutando un plan de supervisiones para corroborar el diagnóstico inicial y para obtener información sobre las variables de la causa de la ineficiencia del sistema de justicia para proponer un plan de reforma integral, tanto de los sistemas de control como del sistema de justicia.
Por tal razón, se eligió al Poder Judicial y al Ministerio Público como los centros a investigar, comenzando la tarea con la supervisión de las respectivas autoridades nacionales de control cuyos resultados han sido publicados en un informe defensorial, encontrándonos ahora realizando la supervisión de las oficinas de integridad y de las oficinas de control institucional. Luego vendrá la supervisión de los órganos de administración tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público.
Todos los datos recogidos apuntan a corroborar el diagnóstico inicial y a comprender, en términos generales, las causas de la ingobernabilidad, la pésima gobernanza y el defectuoso servicio de administrar justicia. Es menester dejar constancia que el diagnóstico sobre las causas de la corrupción así como de la ingobernabilidad en las entidades del Estado, tal como se ha planteado líneas antes, es aplicable a cualquier entidad pública, en cualquier nivel y función.
Culminada que sea la supervisión en curso sobre las oficinas de integridad, de control institucional y de las unidades de administración, luego de los informes parciales, se emitirá un informe final, integral sobre las causas de la corrupción y la propuesta de solución correspondiente, así como las causas de la postración del Poder Judicial y del Ministerio Público con propuestas adecuadas para una reforma integral.
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