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Defensoría del Pueblo exige acciones inmediatas para corregir deficiencias en la I. E. I. N.° 102 de Ayacucho

3:32 pm 15/08/2025

  • Advierte filtraciones de agua y falta de drenaje que ponen en riesgo la salud de niñas, niños y adolescentes.
  • Tras recomendar a la UGEL de Huamanga realizar las gestiones pertinentes para el mantenimiento de la infraestructura, dicha institución asumió el compromiso para autorizar y garantizar dicho trabajo.

La Defensoría del Pueblo, a través de su sede en Ayacucho, intervino de oficio ante las graves deficiencias en la infraestructura de la Institución Educativa Inicial N.° 102 “Rosita de Lima” en Huamanga, que afectan directamente las condiciones de estudio y ponen en riesgo la salud de niñas y niños.

El caso fue conocido a través de denuncias de padres de familia y medios de comunicación, que alertaron sobre filtraciones de agua en un aula destinada a la educación de menores. Durante la verificación, personal defensorial constató humedad en las paredes y deficiencias en el sistema de evacuación de aguas pluviales, lo que no solo deteriora las instalaciones, sino que expone a la comunidad estudiantil a enfermedades respiratorias, especialmente en la temporada actual.

Frente a ello, la Oficina Defensorial de Ayacucho promovió una mesa de diálogo entre la Asociación de Padres de Familia (APAFA) y la dirección de la institución educativa. La APAFA informó que cuenta con recursos para iniciar el mantenimiento, pero requiere la autorización de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Huamanga. Con nuestra intermediación, la dirección presentó de inmediato la solicitud y se gestionó la atención prioritaria.

Como resultado, el responsable de infraestructura de la UGEL acudió al colegio, verificó las deficiencias y solicitó a la APAFA la elaboración de un expediente técnico y económico para viabilizar la autorización. La UGEL Huamanga acogió la recomendación defensorial y se comprometió a iniciar las obras con la debida garantía técnica una vez aprobado el expediente.

“El Estado tiene la obligación de garantizar infraestructura educativa segura y en condiciones dignas, tal como lo establece la Constitución, protegiendo no solo el derecho a la educación sino también la integridad física y emocional de los estudiantes”, recordó Wiber Jossef Vega Mendoza, jefe de la Oficina Defensorial de Ayacucho.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reitera que el acceso a una educación segura y de calidad es un derecho fundamental que el Estado debe garantizar de manera prioritaria. Proteger la integridad y la seguridad de niñas, niños y adolescentes en los centros educativos no es una opción, sino un deber ineludible y exigible que el Estado está obligado a cumplir sin dilaciones.