Informe Defensorial n.° 226:
Reforma del Sistema de Justicia para Fortalecer la Institucionalidad Democrática
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Introducción
Recordemos que entre las funciones de la Defensoría del Pueblo esta realizar un trabajo de seguimiento y supervisión a las instituciones del sistema de justicia, a fin de que no vulneren dicho principio, logrando el acceso a la justicia de los ciudadanos.
En esa línea precisar, que no solo hemos trabajado en el pleno de dicha comisión, también hemos integrando otros grupos de trabajo: Reforma Parcial de la Constitución de 1993, Leyes Orgánicas, Modernización y Gestión del Despacho Judicial y Fiscal, Recursos Humanos, y Acceso a la Justicia y Políticas Anticorrupción.
En el informe se analizaron seis propuestas, el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática del País, Colaboración y Comunicación entre los Operadores de Justicia y el Fortalecimiento de su Sistema de Control Funcional, el Sistema Especializado en Justicia Constitucional, el Subsistema de Justicia en Derechos Humanos, el Subsistema de Justicia Especializada en Ciberdelincuencia, y el Plazo en la Detención Preliminar.
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Problemática
La preocupación de la Defensoría del Pueblo por el correcto funcionamiento de las instituciones que comprenden dicho sistema, como el Poder Judicial y el Ministerio Público, principalmente, se remonta al inicio de sus funciones, con la publicación del Informe Defensorial N.° 32, denominado ‘El derecho a un proceso sin dilaciones: el caso de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema’, el cual examinó las causas de la morosidad en el trámite y la expedición de sentencias en dicha sede jurisdiccional.
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Principales conclusiones
La figura del presidente de la República requiere una protección especial para asegurar la estabilidad política y el adecuado ejercicio de sus funciones, libre de interferencias políticas.
La ausencia de un control efectivo en los entes que conforman el sistema de justicia es un factor que debilita la gobernabilidad y gobernanza, así como la institucionalidad en todo el sistema de justicia.
La tutela de los derechos constitucionales es fundamental para el Estado Constitucional de Derecho y la Democracia.
Actualmente, si bien existen Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad en todos los distritos judiciales, persiste la acumulación.
En nuestro país, las denuncias por ciberdelitos formuladas ante la Policía Nacional se cuadruplicaron entre el periodo del 2018 al 2021, incluyendo delitos contra la indemnidad sexual.
El Poder Judicial y el Ministerio Público vulneran
sistemáticamente el derecho a la libertad personal, al no respetar el plazo máximo de detención.
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Principales recomendaciones
Modificar el artículo 117 de la ConstituciónPolítica con el fin de establecer claramente que el Presidente de la República no puede ser investigado durante su mandato por hechos distintos a los contemplados en la norma.
Crear e implementar fiscalías penales supraprovinciales especializadas en derechos humanos e interculturalidad.
Fortalecer la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la PNP (Divindat) y los Departamentos de Investigación Criminal de la PNP (Depincris).
Legislar en materia procesal penal para establecer estándares claros sobre el plazo máximo de las detenciones preliminares judiciales.
Incorporar en los planes de formación y capacitación de jueces y juezas temas relacionados con la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la comunidad.
Promover las modificaciones normativas necesarias para establecer la unificación jurisprudencial mediante la aplicación de la figura del certiorari anglosajón.
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Síntesis
Recordemos que dentro de las funciones de la Defensoría del Pueblo se encuentra el realizar un trabajo de seguimiento y supervisión a las instituciones que conforman el sistema de justicia, a fin de que no vulneren dicho principio, con ello se logrará el acceso a la justicia de los ciudadanos.
Las instituciones que comprenden dicho sistema, son el Poder Judicial y el Ministerio Público, es por ello, a través del Informe Defensorial n.° 32, denominado “El derecho a un proceso sin dilaciones: el caso de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema”, el cual tuvo como objetivo examinar las causas de la morosidad en el trámite y la expedición de sentencias en dicha sede jurisdiccional. A ello, se agrega nuestra activa participación en el proceso de discusión y elaboración del Plan Nacional de Reforma elaborado por la Comisión Especial de Reforma de la Administración de Justicia (Ceriajus).
En esa línea precisar, que no solo hemos trabajado en el pleno de dicha comisión, sino también hemos integrando los grupos de trabajo temáticos de: Reforma Parcial de la Constitución de 1993 y Leyes Orgánicas, Modernización y Gestión del Despacho Judicial y Fiscal, Recursos Humanos, y Acceso a la Justicia y Políticas Anticorrupción.
Actualmente la Defensoría del Pueblo forma parte del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, es por ello, que de acuerdo con nuestras funciones, presentamos las propuestas dereforma de dicho sistema, con el objetivo de contribuir a mejorar el servicio de las instituciones que forman parte de dicho sistema.
En el presente informe se analizaron seis propuestas, como el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática del País, Colaboración y Comunicación entre los Operadores de Justicia y el Fortalecimiento de su Sistema de Control Funcional, el Sistema Especializado en Justicia Constitucional, el Subsistema de Justicia en Derechos Humanos, el Subsistema de Justicia Especializada en Ciberdelincuencia, y el Plazo en la Detención Preliminar.
Respecto al fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país, se llegó a la conclusión, que la inamovilidad presidencial y la limitación de causas de acusación durante el mandato, conforme al artículo 117° de la Constitución Política vigente, están jurídicamente justificadas para garantizar la estabilidad institucional, la gobernabilidad y la autonomía del Poder Ejecutivo, previniendo el uso indebido de mecanismos judiciales o políticos que puedan interferir en el correcto ejercicio de sus funciones, por lo cual se propuso la modificación del indicado artículo.
Respecto a la colaboración y comunicación entre los operadores de justicia y el fortalecimiento de su sistema de control funcional, luego de los hallazgos de la Defensoría del Pueblo en el 2024, los que consistieron en la observación de los incumplimientos funcionales de las obligaciones que la ley impone al órgano de Gobierno y a los órganos de control, así como al evidente divorcio que existe entre las instituciones para aplicar sus recursos hacia el logro de los objetivos del respectivo proceso judicial hacia donde concluyen, según los actos que la ley les faculta.
Respecto a la propuesta sobre la creación y fortalecimiento de un sistema especializado en justicia constitucional, señalar que para el Perú representa un paso trascendental en la evolución del Estado Constitucional de Derecho y la efectiva protección de los derechos fundamentales. Su importancia radica en las múltiples dimensiones que van más allá de la mera eficiencia administrativa o jurisdiccional. El objetivo es reafirmar el compromiso del Estado peruano con el principio de supremacía constitucional y la profesionalización de los operadores de justicia en materia constitucional.
Sobre el Subsistema de Justicia en Derechos Humanos, si bien la investigación y juzgamiento de graves violaciones de derechos humanos es una tarea que por su propia naturaleza y complejidad rebasa la capacidad y organización ordinaria del sistema de administración de justicia. Tras, los esfuerzos iniciales del inisterio Público y del Poder Judicial para conformar un subsistema especializado se tradujeron en una medida que buscó aportar en el proceso de judicialización de estos crímenes. Sin embargo, hasta hoy, no se ha logrado consolidar un sistema que reúna las características necesarias de especialización, dedicación exclusiva, personal suficiente y recursos adecuados. Respecto al Subsistema de Justicia Especializada en Ciberdelincuencia, si bien el Ministerio Público ha implementado la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia en el distrito fiscal de Lima Centro, el cual tiene competencia para investigar estos delitos en 16 distritos de Lima. Sin embargo, es necesario que este tipo de despachos especializados se implementen en todos los distritos judiciales, con el objetivo de brindar el derecho al acceso a la justicia a toda la ciudadanía.
Finalmente, en cuanto al plazo de la detención preliminar, como se ha mencionado anteriormente, el Informe Defensorial n.° 220 -La Detención Preliminar Judicial ¿Detener para investigar o investigar para detener?, identificó la vulneración del derecho de las personas detenidas a que se resuelva su situación jurídica dentro del plazo máximo de detención. Se propuso legislar en materia procesal penal a fin de establecer los estándares relacionados al plazo máximo de las detenciones preliminares judiciales.
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