Defensoría del Pueblo reitera pedido a Minedu para que defina criterios que permitan enseñanza de interpretación de lengua de señas a nivel académico

- Falta de profesionalización de esta labor impide al Estado contar con registro adecuado, pese a que ley que dispone establecer requisitos se encuentra vigente desde hace 15 años.
Al conmemorarse hoy el Día Internacional del Intérprete de Lengua de Señas, la Defensoría del Pueblo reitera la necesidad de que el Ministerio de Educación (Minedu) defina los requisitos para la enseñanza de esta función como una carrera técnica o profesional, de modo tal que las instituciones públicas o privadas puedan contratar a especialistas que estén debidamente registrados y se pueda atender de manera adecuada a más de 545 mil personas que conforman aproximadamente la población sorda en el país.
Para la Defensoría del Pueblo, este paso resulta trascendental debido a que la Ley 29535, que otorgó reconocimiento oficial a la lengua de señas peruana, entró en vigencia en 2010. De acuerdo a dicha normativa, el Minedu debía establecer el perfil de egreso para la formación de intérpretes de lengua de señas; es decir, el conjunto de habilidades o conocimientos que debían cumplirse como parte de una formación académica. De esta forma, se abría la posibilidad para la formalización de la carrera de intérprete de lengua de señas a nivel técnico o universitario. Además, se establecía la obligación de crear un registro oficial a cargo del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).
Sin embargo, han transcurrido 15 años de vigencia de la norma y estas disposiciones aún no han sido implementadas, afectando gravemente los derechos de la población sorda y originando que en la actualidad la enseñanza de esta función se dé de manera informal o sin un documento oficial que garantice que la persona que haya culminado estudios cumpla con determinados requisitos académicos, tal como ocurre con otras carreras técnicas o profesiones.
Debido a ello, muchas instituciones públicas o entidades privadas recurren actualmente a la contratación de empresas que han dictado cursos de manera particular, pero sin poder otorgar grado académico alguno al término de los estudios. Ello incrementa la informalidad e impide al Estado conocer cuántas personas se desempeñan actualmente como intérpretes de lengua de señas y si lo hacen bajo los estándares de calidad vigentes.
Cabe indicar que en el Perú, según el Censo 2017, de más de 3 millones de personas con discapacidad, el 17 % tenían discapacidad auditiva. Este grupo enfrenta barreras diarias en el acceso a servicios esenciales como la educación, la salud y la justicia, ámbitos en los que la lengua de señas es una herramienta fundamental para garantizar su plena participación. Por ello, para la Defensoría del Pueblo resulta fundamental la implementación total de la normativa vigente a fin de poder brindar un servicio adecuado a la población sorda en comisarías, juzgados, empresas de servicios públicos y cualquier otra entidad, a través de profesionales debidamente acreditados que garanticen los derechos de este importante sector de la población nacional.
